Cultura quiere un canon al adsl y se niega a la devolución de lo pagado a las Administraciones

Cultura quiere un canon al adsl y se niega a la devolución de lo pagado a las Administraciones

Los flecos de la Ley Sinde y la sintonía con la SGAE agravan su cisma con Justicia, Industria y las telecos

La dificultad de recuperar el canon digital inquieta a Justicia y Economía que podrían reclamar 300 millones

Su canon al adsl irrita a Industria -con el servicio universal paralizado- y reabre el debate de las tarifas planas

Sinde disputa con Sebastián la reforma del canon, el Plan de Contenidos Digitales (adscrito al Avanza2) y la Comisión de Propiedad Intelectual

Se ha venido arriba. Y lo hace ver. Enseña -a falta de un trámite en el Congreso- una ley gestada en la discordia con Sebastián y Caamaño, pero que, gracias al pacto con PP y CiU, le permitirá varios meses de respiro antes de reformar el canon digital, aún a costa de contradecir al TUE y la propia Subcomisión del Congreso. Sinde cierra filas con la industria cultural, buscan ‘tiritas’ para unas heridas que dan por inevitables. Todas pasan por la industria tecnológica, las telecos y, de paso, sus usuarios. Cultura se ha comprometido a promover un canon al adsl y a gravar nuevos dispositivos. Una propuesta con poca aceptación en la CMT que agita además el pulso ya añejo entre Sebastián y la ministra. El caballo de batalla ya no sólo es el cierre de las 200 webs de su ‘lista negra’, es el de los ingresos. La Coalición de Creadores desempolva la exigencia de cortes a internautas si no se reduce en un 70% la ‘piratería’ y ensaya alianzas forzosas para algún modelo de negocio con las operadoras de telefonía. La SGAE busca compensar un canon que hoy supone un tercio de sus ingresos -más que la venta de discos- pero que depende en un 60% de las AAPP. Cultura promete una fórmula que no facilite la reclamación del canon digital ya pagado, que podría suponer hasta 500 millones para la SGAE, pero es Justicia la que tiene mayores facturas y la que se arriesga a la oleada de reclamaciones de las Administraciones.

Buscan el amparo del ministro de Industria el sector de hosting (exige compensaciones a la deslocalización), las patronales tecnológicas (se oponen a gravar nuevos dispositivos) y los operadores, a las que un canon al adsl las deja entre la ‘espada’ de las tarifas planas de internet, la ‘pared’ de la Comisaria Kroes y el silencio de Sebastián, sin planes para el servicio universal de banda ancha, ni redes ultrarrápidas. Que el canon digital no seguirá intocable por mucho más tiempo ha empezado a reconocerlo hasta Ángeles González-Sinde, a media voz con la Sociedad General de Autores. Cosas de la ‘edad’, para Sinde, que achaca las debilidades de una tasa que grava por ejemplo con 0,17 y 0,44 céntimos los CD y DVD vírgenes respectivamente a dos décadas de antigüedad de su regulación original y nueve años de vida de la directiva comunitaria que la regula. Pero que en Cultura y las Sociedades de gestión de derechos de autor harán del ‘tiempo muerto’ y los meses restantes hasta su obligatoria reforma la trinchera para sus expectativas, lo saben ahora todos los interlocutores de Sinde en el sector. Como desvelaba Josep Jover, la ministra hace suyas, ya sin ambages, las lanzas que enarbola desde hace meses la SGAE. La advertencia del abogado que ganó el caso Padawan ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE -en NacionRed y Bandaancha.eu-, confirma en la Plaza del Rey 1, ya no se oculta la voluntad manifiesta del Ministerio de Cultura y su Dirección General de Propiedad Intelectual de ampliar la aplicación del canon a nuevos dispositivos y el adsl, de entorpecer el procedimiento para reclamar el canon ya pagado y de hacerlo con la connivencia tanto del Partido Popular como de Convergència i Unió. Un mapa que los ‘segundos’ de Sinde ya dan por seguro, pero que puede topar con sus propias resistencias: si se cumplen los avisos de Elotrolado.net, la actual Ley de Propiedad Intelectual permitiría al Gobierno mediante orden ministerial modificar el listado de dispositivos y soportes sujetos al canon, así como los importes correspondientes, pero la Ley especifica que solo podrán ser gravados equipos, aparatos y soportes materiales, excluyéndose por tanto los servicios de telecomunicaciones.

Eduardo Bautista recibió la sentencia del TUE del 21 de octubre dejando, sobre la mesa de Sinde, Moncloa y Ferraz, diáfano su desafío: “si el canon no lo pagan las empresas y las administraciones, los usuarios pagarán más”. Entre las tres opciones que plantea Teddy Bautista-gravar más a los particulares, a nuevos productos, o un canon al adsl- sólo las dos últimos tienen buena acogida en los despachos de Cultura, aunque dan de lleno en la línea de flotación de Francisco Caamaño y, sobre todo, de Miguel Sebastián. Proponen, de paso, analizar el caso de las empresas que hayan efectuado pagos, para ver si de cara al futuro se establece un mecanismo como el de los países nórdicos, donde las empresas hacen una autodeclaración de que sus equipos no se utilizarán para ese uso.

Será sólo otra nueva prórroga, tres o cuatro meses en los que buscar alternativas a su principal fuente de ingresos durante los últimos tres años -más de cien millones de euros anuales-, pero con el acuerdo entre PSOE, PP y CIU de respaldo a la ‘Ley Sinde’, la Sociedad General de Autores ha terminado por hacer de las necesidades ajenas virtud propia y de las contradicciones entre Ferraz y Génova, una de sus trincheras más seguras. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ya había instado al Gobierno a suprimir el canon digital tras la presentación el 21 de septiembre de más de un centenar de enmiendas al Proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES), una decena a su disposición final segunda. Pero aunque la desaparición -primero- y la reforma inminente -después- del canon digital fue la ‘condición sine qua non’ explicitada por el Partido Popular para hacer naufragar la primera ronda de negociaciones de la Ley Sinde a su paso por el Congreso en diciembre, el acuerdo definitivo en el Senado capitaneado por Jose María Lassalle sólo exige abordar una reforma (sin detalles expresos) mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea y revisar la regulación de la compensación equitativa por copia privada.tres meses después de que la LES entre en vigor.

El PP lo hace aún a costa de desandar sus propios pasos y de olvidar que en noviembre el Senado instaba al Gobierno, con los votos de todos los grupos menos los del PSOE (135 a favor, frente a 113), a presentar antes de seis meses un proyecto de ley de Propiedad Intelectual que tenga en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el canon digital. Y que en esa moción el PP pedía además eliminar el monopolio de las entidades de gestión. Hasta que se crease este nuevo proyecto de ley, la Cámara sugería la aprobación de un Real Decreto de Conformidad para excluir de inmediato a empresas y administraciones “del pago de la compensación equitativa a los equipos, aparatos y soportes cuyo uso final no sea la copia privada” en reforma del artículo 25.7 de la LPI. Era, en realidad, la misma exigencia manifestada ya por la subcomisión de Cultura sobre propiedad intelectual y en un dictamen de Comisión Nacional de la Competencia a principios de 2010, que decía que “era preciso una reforma integral de la ley y eliminar las cuestiones monopolísticas que suponen las entidades de gestión”.

Mariano Rajoy promete eliminar el canon si llega a la Moncloa, e incluso “buscar un sistema que sea más justo a la hora de defender los derechos de autor”. Pero entretanto, ha sido Génova -y no Ferraz- la que ha permitido a la ministra González-Sinde driblar incluso los planes de José Enrique Serrano, antiguo jefe de Gabinete de Zapatero y su mano derecha- que ha llevado las riendas de la negociación con los grupos políticos y era partidario desde octubre de haber reformado el canon digital, al menos para ajustarlo a las exigencias del TUE. Al igual que sucedió con la tasa de las telecos para RTVE, ya los responsables de la Comisión Europea habían anticipado su posición contraria a esta suerte de multa indiscriminada, pero la Ministra se subió al ‘no enmendalla’ con el único ingreso que salvó los resultados de la SGAE en 2009. Ahora, los ajustes no solo afectarían a España sino a los 22 vecinos europeos con sistema de compensación por copia privada. Kroes y Almunia le pisan ya los talones a la futura reforma.

Un ‘viaje a ninguna parte’ que, en realidad, era ya de obligado cumplimiento por Luxemburgo. A pesar de haberle hecho oídos sordos durante tres meses, la segunda sentencia, deja poco lugar a dudas. El TUE, en su sentencia de 21 de octubre, no invalidaba el derecho a cobrar un canon por copia privada -no era su competencia en la causa de Padawan-, pero reconocía que su aplicación a empresas, profesionales y administraciones era "indiscriminada" y no acorde con la legislación comunitaria. Y con ello, abre la puerta al vuelco del modelo español en manos de la SGAE en un 90%. La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) permite la copia para uso privado de obras protegidas sin autorización del autor. Y para compensar, el legislador establece una retribución económica, que cobran de forma colectiva las entidades de gestión, entre ellas la SGAE. El canon se aplica desde 1987 a los equipos, materiales y soportes analógicos (como las cintas y grabadoras de cassette) y en 2006 se amplió al espectro digital. SGAE y ASIMELEC pactan en septiembre de 2003 un canon sobre los CD y DVD vírgenes, tras varios fallos judiciales que avalaron el cobro de tarifas de la LPI, originalmente pensados para equipos y soportes analógicos. Después, Industria y Cultura fijan las cuantías y dispositivos que pagarán canon, aunque no se publica en el BOE hasta junio de 2008. Dos meses después la Asociación de Internautas lo recurría ante la Audiencia Nacional, que ahora ha admitido a valoración la sentencia europea.

El ‘tiempo muerto’ recién consumado por González-Sinde, Lasalle y Bautista es, en realidad, en el que la SGAE niega de paso la devolución de los derechos cobrados a las administraciones y las empresas y aprovecha para seguir ingresando los derechos de autor anónimos (los que una vez recaudados no permiten identificar a su titular o contactarlo), un 15% de los derechos de autor que gestiona, más de 40 millones de euros anuales que sólo IU-ICV le ha exigido devolver, en el Congreso de los Diputados. Las urgencias del TUE y el padrinazgo de Sinde han acabado, de paso, por neutralizar los recelos de las otras sociedades de gestión, que criticaron durante 2010 la entidad liderada por Teddy Bautista por dañar su imagen y le abrieron la puerta al menos a un replanteamiento del modelo del canon, “el menos imperfecto de los modelos”, según sus propias palabras. Aisge, DAMA y Egeda defienden el canon por copia privada pero eran ya oficialmente receptivas a establecer ciertas "excepciones" sobre quién debe pagar en España el canon por copia privada, para empezar a la posibilidad de excluir de los pagadores a los juzgados. No olvidan que el 97% de los ingresos de la SGAE tan solo se reparten entre el 1,3% de los socios.

TIEMPO MUERTO PARA BUSCAR NUEVOS INGRESOS

A la Sociedad General de Autores, las batallas del canon digital le estallan al borde del peor momento para su modelo de ingresos. Saben que nada será ya lo mismo para el edificio de sus ingresos desde 2011; no sólo porque la avalancha de reclamaciones puede obligar a la SGAE a la devolución de hasta 500 millones de euros (que ya ha aclarado que no piensa reintegrar voluntariamente, aunque sus demandas siempre buscan el cobro retroactivo del canon), sino porque extraer del cobro a las administraciones, profesionales y las empresas -y cargarlo sólo a los particulares, como exige Luxemburgo y busca Ferraz- supondría reducirlo a un tercio de su aportación actual, unos 100 millones de euros en el pasado ejercicio, más de un tercio de los ingresos totales de la SGAE, que cobraba el 90% del canon digital de todas las sociedades. Aunque durante el primer trimestre de 2010 conseguía amortiguar el descenso en sus ingresos, el balance de 2008 y 2009 ha puesto a la SGAE sobre aviso. A la Sociedad General de Derechos de Autor, durante dos ejercicios, sólo el canon digital le ha salvado unas cuentas cuyos ingresos cayeron un 11,5% en 2008, y un 5,1% en 2009, año en que la suma recaudada ascendió a 316,8 millones de euros.

La morosidad, un 24% al cierre de 2009, (entre 124,5 y 130,5 millones) es su principal dolor de cabeza. Y no son otras que las entidades públicas (de los que procede hasta un 60% del canon digital), sobre todo los ayuntamientos, los más morosos dentro del sector -la deuda asciende a 24,6 millones- en particular en el sector de comunicación pública (conciertos y representación de obra), que arrojó unos impagos de 61,7 millones de euros. Las televisiones y las radios dejaron de abonar entre 47 y 53 millones de euros y la reproducción mecánica (discos, vídeos, copia privada y redes digitales) alcanzó una deuda de 14 millones. Aunque su deuda fue también la que más creció: un 18,9%, al alcanzar 9,6 millones de euros, el canon por copia privada se había convertido, al menos hasta ahora, en el tratamiento paliativo para la SGAE, desde que en diciembre de 2008 se aprobó la Orden Ministerial para el gravamen sobre prácticamente todos los soportes y dispositivos de grabación disponibles en el mercado (que incluye móviles y memorias USB que antes no pagaban el canon), aún a costa de presuponer que toda persona o entidad que adquiera un soporte gravable o un dispositivo de almacenamiento lo va a emplear para copiar una obra sujeta a derechos de autor. Según el propio informe de la sociedad General de Autores y Editores, SGAE, en 2009 por primera vez los músicos tuvieron mayores ingresos por el canon digital, o derechos de copia privada (27,67 millones de euros, un 72,9% más que en 2008), que con la venta de CD, DVD y otros materiales físicos, que sólo alcanzaron los 20,46 millones de euros, un 30,5% menos con respecto al ejercicio del año anterior. En materia de conciertos y presentaciones en vivo, los ingresos cayeron, por primera vez, un 9,3%.

Las asociaciones de internautas y de consumidores ofrecen alternativas como una recaudación “exclusivamente” para productos originales de venta al público, fonogramas y videogramas. Y solicitan un procedimiento “sencillo, eficaz y rápido” para la resolución de reclamaciones de quienes no estén obligados por ley a pagar. Por si acaso, la patronal comunitaria que congrega a las entidades de gestión de derechos de autor (GSAC), reclama desde junio de 2010 la criminalización del impago del canon por copia privada, para que pase a ser un delito penal en lugar de civil. Además, la patronal europea pretende gravar con el canon el creciente comercio electrónico, denegar el acceso a Internet a las empresas que venden productos sin haber abonado en canon correspondiente del país de destino (lo que obligaría a fiscalizar las ventas electrónicas) y gravar con canon el comercio intracomunitario. La propuesta de GSAC es, desde hace un semestre, lograr una “Ley Sinde europea” reforzada que incluya las penas de cárcel para el P2P, y sobretodo conseguir gravar todas y cada una de las transacciones económicas que se efectúan a través de la Red, desde pagar un billete de avión o hacer la transferencia de la nómina, pagarán también un canon digital.

La SGAE y la Coalición saben que aunque consiguieran consumar el cierre de alguna de las 200 webs de su ‘lista negra’, eso no mejoraría el mapa de sus ingresos. Y es que hasta la industria de contenidos da por hecho la ‘ineficiencia’ del modelo de la Ley Sinde: hasta tal punto que exigen que si en un año no se ha reducido el 70% de la ‘piratería online (a la que la Coalición de Creadores le atribuye pérdidas por 5.121 millones de euros), los cortes lleguen también a los usuarios. Por eso, aunque aún no ha visto la luz la macroweb de contenidos apadrinada por el Ministerio de Cultura, las gestoras de derechos de autor intentarán primero hacerse hueco en la intensidad de los internautas españoles y su consumo de contenidos, al fin y al cabo los segundos más activos del mundo en el último año, un 50% de ellos dispuestos a pagar por contenidos en Internet. Y subirse al carro de los ingresos de las operadoras de telecomunicaciones.

Los ingresos del negocio de los contenidos audiovisuales según Screen Digest crecerán un 25% en los próximos cuatro años hasta alcanzar los 3.200 millones, gracias a aplicaciones como Deezer o Spotify y a los servicios a medida diseñados por las propias operadoras de telefonía. Saben que a la vista de la tienda Pixbox de Telefónica -líder en el sector de las descargas musicales en Internet en Europa con 30 millones de descargas, en asociación con compañías como Emi Music, Universal Music, Sony Music o Warner Music- y del proyecto de Telefónica para digitalizar la Biblioteca Nacional, ellas ya han conseguido despejar el acceso a esa opción. Pero sobre todo y busca sitio, de su mano, en una compensación como la que ya ha despejado Gran Bretaña: su cuota en un canon a la banda ancha, que si no es general, al menos llegue en función del volumen de descargas, ahora que las operadoras europeas barajan su cobro progresivo. A pesar del descenso de uso del P2P- a favor del streaming y otras alternativas- y de que el 10% de los usuarios consumen el 60% del tráfico de la red de un ISP, el posible pago por volumen de datos representaría una excelente noticia para las sociedades de gestión de derechos de autor que podrían recibir un porcentaje.

Nada nuevo, la SGAE y el entonces Ministro de Cultura en 2008 llegaron a elaborar un borrador de LPI en el que proponían a cuatro manos el cobro de 35 al año de canon por cada línea ADSL. Pero no es nada que esta vez la ministra no esté dispuesta a convertir en su escaramuza definitiva. Ya en julio de 2009 abogó por actuar contra la "fuente ilícita" para acabar con los contenidos que infringen los derechos de autor, siempre que al unísono se “impusiera una tasa a los proveedores de Internet en su función de "conductores" de estos contenidos”, Aunque las operadoras recuerdan que cobran tarifas planas y que el aumento del tráfico no redunda en más ingresos para ellas, al margen de lo que haga el cliente. "¿Para qué necesitamos todos una línea de ADSL de no sé cuanto gigas? ¿Para mandar e-mails? Telefónica sabe que el 80 por ciento del volumen de tráfico en sus líneas es descarga de archivos", llegaba a declarar la ministra, "no necesitamos ADSL de gran velocidad, ya que todos los que contratan 20 megas lo hacen para descargarse contenido protegido". González -Sinde busca aliados en Moncloa. Para comenzar, en el vicepresidente Pérez Rubalcaba.

‘VACUNAS’ EN LOS BOLSILLOS DE LA INDUSTRIA TIC Y LAS TELECOS

A domicilio, la industria de derechos de autor le declara la guerra y le busca los bolsillos a las telecos españolas. El canon a la banda ancha era -decía en 2008 la SGAE- la fórmula para ‘bendecir’ y legalizar todos los contenidos por la puerta del cobro. Y lo dejó caer. Ahora, no se conforma con imponer un canon a los nuevos dispositivos de almacenamiento. La SGAE culpa al “aumento de ancho de banda y del número de internautas” del descenso de las audiencias televisivas y alerta en su Anuario de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales 2010, de la caída de los ingresos por venta y alquiler de vídeo -hasta ahora la joya del sector- un 37% en un año y un 70% desde 2004 y de la facturación de la industria de videojuegos un 16%.

Las gestoras de derechos calculan que las operadoras han duplicado sus ingresos por contenidos audiovisuales y exigen una tasa por distribución de contenidos digitales que podría llevar por igual los apellidos de las telecos y de los proveedores de los servicios de internet, que incluso de las redes sociales. Las entidades cobrarían un canon a las operadoras, dinero que, a su vez, éstas recaudarían imponiendo una tasa a los navegadores e, incluso, a las redes sociales. En palabras del presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, Teddy Bautista, “es el momento”. Le ha puesto ya los apellidos de Facebook, Tuenti o Twitter, al portal de vídeo de Google y a su buscador a las urgencias del ‘día después’ de las sociedades de gestión de los derechos de autor en España. Una opción que no estaba en principio en el ‘menú’ digital de los Ministerios de Cultura y de Industria para regular los contenidos de internet y que no es del agrado de la CMT, que el pasado trimestre rebajó el precio del adsl indirecto un 20% para que las operadoras lo trasladaran al precio final al consumidor. Tratan de buscar la ‘ocasión’ en la propuesta de cobro por consumo de velocidad de descarga del adsl que las telecos -que siguen repudiando los cortes y el castigo a los usuarios y abogan por nuevas macrowebs de contenidos comerciales- han llevado al debate en Bruselas ante la CE.

La industria audiovisual se ha guardado en la nevera de la prudencia de nuevo el proyecto de macroweb que la Coalición de Creadores (la que forman parte la SGAE o EGEDA, entre otras empresas de gestión de derechos de autor) prometió estrenar a cuatro manos con González-Sinde y con sitio para los títulos del lobby de Hollywood, la MPAA, o la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA). Pero a las puertas de la nueva regulación, la Coalición prometía -a pesar de los recelos de Redtel al modelo de Sinde- centenares de portales en concurso con las operadoras cuando la LES haga ‘su efecto’. Los creadores buscan, en realidad, sitio en modelos conjuntos de negocio que las telecos sí han desplegado, con un 39% de incremento de ingresos por datos móviles. Entretanto, intentarán, primero, hacerse hueco en la intensidad de los internautas españoles y su consumo de contenidos, al fin y al cabo los segundos más activos del mundo en el último año.

Las propias cifras de la Coalición prevén –a la luz de su Primer Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales -que más de un 50% de los internautas estaría dispuesto a pagar por contenidos online, lo que supondría unos ingresos para el Estado superiores a los 1.400 millones de euros por IVA e Impuestos de Sociedades sólo en un ejercicio. Por eso el propio PSOE exigía al Gobierno un plan de impulso al sector de contenidos digitales “liderado desde el Gobierno, pero que cuente con la participación de empresas, creadores y otras instituciones, con la cooperación de diversos actores”. Un programa que en Presidencia han decidido que vea la luz adscrito al Ministerio de Industria y al Plan Avanza 2, con un presupuesto inicial de 200 millones de euros y con su ‘volante’ en manos de Migujel Sebastián, lejos otra vez de Angeles González-Sinde. Y hacerle un sitio preferente, -si es necesario para calmar los recelos de Biden, el US Trade Council y el Congreso estadounidense-, a la industria audiovisual norteamericana.

La ‘solución’ del canon (alternativo o complementario) a través del adsl tiene más de un valedor en Moncloa y en el Ministerio de Industria y la Setsi, más de un técnico coincide con la Coalición en que podría ser la cuadratura de todos los círculos: si no hay cortes, ni disminución de velocidad, no agrediría a la neutralidad de la red que España quiere abanderar como la que más en la UE, ahora que se ha convertido en parte del paquete telecom y la estrategia de Lisboa para la Unión. Pero Industria no quiere agitar las aguas del sector de internet, que -ahora que la batalla de las descargas ha calmado momentáneamente sus lanzas- le recuerda que ya es uno de los mercados con uno de los índices más bajos de penetración de banda ancha de los Veintisiete. No olvidan que los hogares españoles que no disfrutan de conexión a Internet o de banda ancha alegan sobre todo “razones económicas”, según el último informe de la Sociedad de la Información de la Fundación Telefónica. Y es que las presiones de Sinde llegan a la mesa del ministro justo ahora que aún tiene calientes las conclusiones el informe sobre adsl de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que ha calculado que la mejor oferta de voz más banda ancha de velocidad media (de 2 Mb a 10 Mb) es el 21,2% más cara que la media de las mejores propuestas en Europa, aunque al mismo tiempo reconoce que las ofertas del resto de operadores de la UE recurren mucho más a las limitaciones de descarga o llamadas que los españoles.

Pero sobre todo, la ‘batalla del canon al adsl’ repunta ahora que las operadoras de telefonía acaban de radiografiar al Ministerio y la SETSI el ultimátum de sus ecuaciones en banda ancha: el informe “Un modelo viable para el futuro de Internet” publicado en diciembre por la consultora estratégica A.T. Kearney advierte que para garantizar la sostenibilidad del actual sistema, que exigiría inversiones por más de 8.000 millones (sin contar con despliegue de fibra), las operadoras de telefonía responden con varias posibles soluciones: o el aumento de los precios de las conexiones de banda ancha (la fija debería subir un 20% y la móvil un 40%); o la segmentación de las tarifas, acabando con el concepto "plana", -hoy ya sólo en conexiones fijas- y tarifar a los clientes porvolumen de datos, por tipo de tráfico, o por horario; o la puerta abierta a servicios Premium que los operadores cobrarían por ejemplo, a los proveedores de contenidos. Vodafone decidía la semana pasada suprimir para nuevos clientes la navegación móvil en el ordenador sin límite de velocidad por descarga para evitar problemas derivados del uso intensivo de la red por un grupo muy pequeño de internautas -un 1% hacían uso del 20% de la red-.

No es casualidad que en la Sociedad General de Autores resuciten justo ahora la posibilidad de que si Google u otro de los gigantes de internet tienen que llegar a pago de tasas o de acuerdos económicos con las grandes operadoras de telefonía e Ips, una parte -un subcanon- vaya a compensar a las sociedades de gestión de los derechos de autor españoles. Ya en marzo, cuando el ministro Sebastián alentó el debate sobre la tasa Google que luego replegó en junio, Teddy Bautista, presidente de la SGAE, le puso nombre a sus expectativas: que Google y los buscadores paguen una tasa a los operadores por usar su red y, “para crear un modelo económico sostenible”, que las telecos paguen a la SGAE para seguir permitiendo que fluyan los contenidos protegidos por sus redes. Los de Bautista han revivido esas esperanzas, ahora que la Comisaria Neelie Kroes se ha mostrado partidaria de permitir que los operadores de telecomunicaciones traten de manera diferenciada los contenidos de Internet que circulan por sus redes.

PULSO DE SINDE CON SEBASTIÁN, OTRA VEZ

Ni en Presidencia, ni en Industria han caído bien la amenaza de denuncias de la SGAE y otros colectivos de la industria -ya hay una reclamación por- y sus amenazas si la Ley Sinde no cumple sus expectativas. Si la ministra esperaba que, con el día después empezaran a cumplir sus promesas de ‘macrowebs legales’ y los planes que los de Aldo Olcese cifraban en cientos de proyectos, se ha encontrado con que retoman las amenazas con las que marcaron de cerca a Sinde durante todo el proceso y le ponen, de nuevo, fecha a sus ultimátum: Se curan en salud por si la Ley cumple los vaticinios de su ineficacia. La Coalición de Creadores exigirá de nuevo a la ministra cortes directos a los usuarios (tras el modelo de Irlanda y como pretenden instaurar otros Gobiernos como el de Reino Unido) si no se reduce en menos de un año un 70% la ‘piratería’, con o sin LES.

Cultura se ha anotado una victoria parcial con la ‘letra pequeña’ de la configuración de la Comisión de Propiedad Intelectual que tendrá la llave de la denuncia de webs y su sanción, si entra en vigor la LES. Es verdad que la SGAE y la Coalición de Creadores se duelen de la ausencia de representantes de las entidades de gestión en la futura Comisión de Propiedad Intelectual en la que, a cambio, tampoco habrá representantes de la industria digital. También, que la ministra ha conseguido neutralizar la presencia Sólo habrá tres miembros nombrados por el Ministro de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y Hacienda, Cultura y Justicia entre expertos (en la Sección Primera) y, sobre todo, un vocal del Ministerio de Cultura, uno del Ministerio de Industria, otro del Ministerio de Economía y un cuarto del Ministerio de la Presidencia en la Sección Segunda, la que debe encargarse de señalar a los infractores y determinar las sanciones a aplicárseles.

No es tampoco casualidad que la reunión del 12 de enero con autores, gestoras de derechos e industria tecnológica -la primera de las que vendrán- en la sede de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi), dependiente de Miguel Sebastián, estuviera convocada por el Ministerio de Industria, a través de Juan Junquera, director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, como lo harán las siguientes, aunque compartan coordinación con los enviados de Sinde. Ni que su finalidad manifiesta fuera acordar una reforma del canon digital, aunque entonces (como ahora) aún el Ejecutivo abogaba por esperar varios meses para formalizarla.

En el fondo de la polémica subyace -aún sin solución- un enfrentamiento entre el Ministerio de Industria -que respira por los recelos de las operadoras telefónicas que dan acceso a internet y los hostings de webs- y el Ministerio de Cultura, en sintonía con los creadores de contenidos y las asociaciones de propiedad intelectual. No es casualidad que en el estreno del FICOD compartido con Sinde, Miguel Sebastián aprovechara para intentar congraciarse con la industria de contenidos digitales y anunciar un Plan de incentivo de los Contenidos Audiovisuales adscrito al Plan Avanza2 y a su ministerio -nada de Cultura-, con 200 millones de euros de presupuesto para 2011. Y es que la Ley Sinde y el tentetieso de la reforma del canon digital le dan al ministro Sebastián en la línea de flotación de sus competencias y en los lazos de su relaciones -ya maltrechos, después de meses de tensiones- con la nueva patronal del sector tecnológico, AMETIC, la de las grandes operadoras de telefonía, Redtel y la de los hostings de internet. Todos exigen ante Castellana 160 la defensa de sus intereses.

No sólo es que el sector de la economía digital alerte de la que LES crea inseguridad jurídica, “pone en grave peligro el futuro de muchas empresas digitales de España” y la creación de nuevo tejido empresarial y nuevos modelos de negocio, en palabras de Adigital, la asociación que agrupa a más de 500 compañías digitales (desde bancos, o telecos, a distribuidoras, grandes superficies o proveedores de internet). Tras el acuerdo PSOE-PP-CiU tiene serias dudas sobre la compatibilidad entre la Ley Sinde y la Directiva Europea sobre Comercio Electrónico, ya que plantea nuevas excepciones al principio de libre prestación de servicios. Tras la AI, la AUC y la ANEI, las asociaciones de internautas y empresas de economía digital acudirán ante la CE; se plantean denunciar la Directiva de Comercio Electrónico y vaticinan que la Ley tendrá los días contados antes de un ajuste, España no ha esperado a sintonizar con la regulación de propiedad intelectual que ‘cocina’ la UE. ANEI, además, reclama que “se abra un período de consulta para que el coste que van a suponer la Ley Sinde a las empresas españolas de hosting sea sufragado por la Administración Pública”. Vaticinan que, ante la inseguridad jurídica a domicilio, muchas empresas de hosting se ubicarán en otros países como “medida preventiva”, lo que supondrá elevados costes para el sector.

Las operadoras de telefonía españolas no se han pronunciado esta vez aún sobre la nueva redacción de la Ley Sinde, pero advierten desde el primer momento que sin una reforma más profunda de la Ley de Propiedad Intelectual que se adapte al nuevo mercado de contenidos digitales, la Ley de Economía Sostenible corre el riesgo de naufragar, o cuanto menos quedarse corta. Sus ‘flecos’ las enredan por partida triple: como ‘aliados forzosos’ de los planes que la industria audiovisual quiere promover, como pagadores del canon al adsl (aunque lo reviertan en los clientes) y como IPS y responsables de la identificación que establezca el juez de lo contencioso a instancias de la CPI. Redtel, la asociación que agrupa a Telefónica, Ono, Orange y Vodafone, que suman el 90% de las conexiones del mercado español, además de exigir que la CPI tuviera entre sus competencias medidas de fomento de la creación de una oferta legal atractiva y ejecución de actuaciones de sensibilización de la opinión pública, alertaba en la primera redacción de la Ley Sinde del riesgo de incrementar “pronunciamientos contradictorios” y llover sobre mojado en el atasco de los juzgados. Ya el supervisor de Protección de Datos de la UE, Peter Hustinx, le ha advertido de manera formal a la presidencia española y a Barroso que las leyes antipiratería, tal y como se están planteando en Francia o en España pueden violar al menos dos directivas europeas: la 95/46, sobre protección de datos personales y la 2002/58, sobre procesamiento y protección de datos en el sector de las telecomunicaciones. Y sugiere, en lugar de hacer responsables a las telecos y los proveedores de internet del contenido de sus redes (como sugiere el ACTA), medidas “menos intrusivas”, como la monitorización ad hoc dirigida de cierto tráfico de Internet en lugar de la vigilancia global.

DESENCUENTROS EN FERRAZ Y SUS ALEDAÑOS

González-Sinde se ha entregado a las urgencias de la tramitación de la LES, tanto como para saltarse la reforma a fondo no sólo del canon digital, sino sobre todo, de la Ley de Propiedad Intelectual y la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información), a pesar de que con sus prisas aumenta los riesgos de bloqueo de su Ley y dribla las pretensiones de su propio grupo parlamentario. Ya desde antes de que la Ley de Economía Sostenible pasara el visto bueno del Consejo de Ministros en 2010, la subcomisión de Propiedad Intelectual -con los votos socialistas al frente- la incluyó entre sus exigencias urgentes. Mientras Sinde se negaba a reformar la LES y la LPI -de espaldas a los avisos del CSE y la CNC- la Subcomisión del Congreso le avisaba de que dará en los muros de la legalidad de la UE si no reforma el canon digital y las sociedades de gestión de derechos y bautizaba una nueva Ley de Propiedad Intelectual.

Nada que no hubiera advertido el informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), que además de “su exigencia de revisar "tarifas inequitativas y discriminatorias", y el monopolio de la gestión de los derechos de autor, abogaba desde hace un año por instar al Gobierno a que en esta legislatura se presente una revisión sistemática y coherente de la actual Ley de Propiedad Intelectual, o la elaboración de una nueva Ley. Y mira a la regulación comunitaria para recordarles a Sinde y Caamaño que se ha olvidado de la Conservación Digital, las Obras Huérfanas y las Ediciones Agotadas, que sigue de espaldas a la valoración del daño que la copia privada produce en el sector cultural y, en el marco de la Directiva comunitaria que establece su compensación y, sobre todo, que Moncloa debe implementar los mecanismos de control y las medidas de transparencia que recomienda el Parlamento Europeo sobre la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual (publicación de tarifas y repertorios, claves de reparto y balances de ejercicio) y superar el alto grado de concentración de las entidades como la SGAE.

Pero la Conferencia de Presidentes autonómicos del PSOE en Zaragoza y la carta en EL PAÍS de Rodríguez Ibarra del 2 de febrero le han dejado claro a González Sinde que ni la regulación de la LES, ni mucho menos el silencio ante la LPI y sus propuestas para la reforma del canon son cosa hecha en el Partido. Si el ex presidente de la Junta de Extremadura propone “hacer un plan de reconversión industrial” con Sebastián como responsable, No sólo las empresas que venden soportes informáticos o las asociaciones de consumidores están en contra del canon. Administraciones públicas o universidades han elevado ya la voz contra el gravamen. En la cuenta atrás para esa reforma del canon, militantes y cargos públicos del PSOE que se posicionan desde hace tres años en contra del canon vuelven ahora abrir las heridas de ese debate, tras cuestionamientos como los de la eurodiputada Paca Pleguezuelo y un grupo de legisladores y cargos socialistas extremeños. En diciembre de 2007, ya los socialistas conseguían un aprobado muy ajustado y la oposición del PP para la LISI sin la enmienda (impulsada entonces por ICV) que instaba a la desaparición del canon, con otras alternativas. En ese momento, el PP se opuso al canon, aunque durante la tramitación de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) lo había avalado. Desde Moncloa, los partidarios de acabar con el canon argumentan que se trataba de una medida provisional que no ha cumplido con su objetivo de facilitar a los autores la reconversión a internet y ha acabado por dar argumentos a muchos internautas lo han interpretado como una justificación para intentar descargar gratis música y películas de la red.

EL ‘LIMBO’ DEL CANON YA PAGADO CHOCA CON LA FEMP, FERRAZ Y JUSTICIA

Que la SGAE y las demás sociedades de derechos de gestión -en sintonía con ella en este asunto- no estaban dispuestas a devolver el canon digital pagado en los últimos cuatro años en fuera de juego las administraciones públicas, ya se lo habían dejado claro los de Teddy Bautista desde el mismo día después de la sentencia del TUE, al centenar de ayuntamientos y el puñado de autonomías que tienen listas sus solicitudes desde octubre. “No es coherente devolverlo”. Ésa ha sido toda su consigna. Sabían, también, que contaban con la ‘comprensión’ de Ángeles González-Sinde. Nada que en Cultura se atrevan a hacer manifiesto, aún, de forma abierta, para no revivir aún más la guerra de reclamaciones que se desató en octubre y noviembre entre las Administraciones Públicas socialistas. Y es que el tiempo muerto del pasado, le explota a González-Sinde en las manos de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y de la mismísima ministra de Economía. Elena Salgado no se ha pronunciado, ni hay solicitud formal de devolución, pero el Estado podría reclamar 300 millones de euros a la Sociedad General de Autores de España en concepto de devolución del canon digital, según los cálculos del propio Jover -.

Lo saben, antes de nada, en los despachos de Francisco Caamaño: no sólo porque su Ministerio es el más afectado por el pago del canon digital. Desde 2001 es obligatorio que los juicios civiles se registren “en soporte apto para la grabación y reproducción de sonido e imagen”. Como recordaba El País en noviembre, al secretario judicial le corresponde la custodia de los originales y las partes, fiscal y abogado, podrán pedir, a su costa, una copia y desde 2004 han pagado años de canon. Además, se graban a efectos de apelación todas las faltas y los grandes procesos. El titular de la cartera de Justicia otea también la batalla de demandas contra y tiene el encargo de Presidencia de supervisar cualquiera que sea el desenlace de sus reformas. No quieren que acaben judicializados y obstruyendo las salas de los tribunales cuatro años de guerra por el canon digital, su cuantía y sus pagadores. La Asociación de Internautas (AI) sostiene que “la jurisprudencia del Alto Tribunal por cobro de lo indebido debe dirigirse contra quien aceptó el pago”. Además de reclamar a la SGAE, al fabricante o al importador -que cobraron el canon como meros intermediarios- el Estado podría encontrarse con una avalancha de denuncias directas por no haber hecho bien la adaptación de la directiva europea que ampliaba el canon al entorno digital.

De hecho, la ‘guerra del canon’ se había convertido desde hace ya semanas para Moncloa y de Ferraz en un abismo al que asoman otra vez sus desencuentros los ministros y los diputados socialistas, uno tan o incluso más amplio que el de la regulación misma de la Ley Sinde. Callan ahora ante la oleada de reclamaciones que para empezar, ha puesto ya entre la espada de los municipios y la pared de Ferraz a la FEMP, que representa al 98% de los gobiernos locales bajo presidencia del socialista Pedro Castro. Su Comisión de Cultura -que en abril ya acordó exigir a la Sociedad General de Autores un cambio de actitud y mejoras en lo que al pago del canon municipal. La Federación de Municipios y Provincias gobernadas por el PP, que representa a los equipos de gobierno de más de 3.300 municipios de España -el 40 por ciento del total nacional-, exigen al Ejecutivo central que modifique la Ley de Propiedad Intelectual. Pero no son sólo dos centenares de consistorios del Partido Popular los que han empezado a gestionar las reclamaciones del canon pagado en los últimos cuatro años y calientan exigencias de restitución por unos 100 millones de euros.

La Generalitat de Cataluña ha decidido erigirse como símbolo de la revuelta de las instituciones catalanas contra el pago del canon digital. El Govern ha solicitado a través de su Secretaría de Telecomunicaciones un informe jurídico y reclamará a la SGAE la devolución de los importes desembolsados -además de ayudar a tramitar las de otras administraciones bajo su competencia territorial- y anuncia que busca fórmulas para dejar de pagar desde ya el gravamen. Ayuntamientos como los de Sant Adrià del Besos (Barcelona), Calafell (Tarragona), el de León (con el alcalde socialista Francisco Fernández a la cabeza), Cádiz, Teulada, Benissa y Gata de Gorgos (Alicante), así como la Cámara de Comercio de Lugo, o el Parlamento de las Islas Baleares ya han puesto en marcha la cadena de reclamaciones por el reintegro del canon digital.

El consistorio de Barcelona por sí solo aventura cifras de la reclamación superiores a los 74.000 euros desde 2003. Si el Ayuntamiento de Madrid lo denunciara, sería más de un millón de euros. El Parlamento gallego ha demandado que la Xunta se dirija al Gobierno y le solicite la sustitución del canon digital por otro sistema que evite la “discriminación” entre usuarios que no copian obras sujetas a propiedad intelectual. La Junta de Andalucía y la Generalitat Valenciana se lo plantean. En la Diputación provincial de Albacete, que preside el socialista Pedro Antonio Ruíz Santos, se aprobaba por unanimidad (PP y PSOE) instar al Gobierno a suprimir el canon que los Ayuntamientos pagan a la SGAE. Y mientras tanto, exigen al menos explicaciones ante las manchas de opacidad de la recaudación. .La ley exige que en las facturas especifiquen la cantidad destinada al canon, pero en las facturas de los ayuntamientos denunciantes lo omitía. .En 2008, el Senado pidió información al Ministerio de Cultura sobre esta actividad y, como recuerda la Asociación de Internautas, todavía están esperando la respuesta.

Fuente: http://www.icnr.es/articulo.php?n=110204035924

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