La polémica 'Ley Sinde', a punto de iniciar su camino en el Parlamento

DESCARGAS | Ley de Economía Sostenible

La polémica 'Ley Sinde', a punto de iniciar su camino en el Parlamento

* El texto castiga a los sitios que facilitan los intercambios no autorizados
* Se debatirán hasta cinco enmiendas a la totalidad del texto
* Activistas intensifican sus protestas contra las disposiciones antidescargas

El proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES), que contiene la polémica Disposición Final Segunda -inicialmente, Disposición adicional Primera- en contra de las descargas digitales (la parte conocida como 'Ley Sinde'), llega al Pleno del Congreso tras nueve meses de tortuoso camino. (Texto del proyecto, PDF) http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/09/economia_sostenible.pdf

El Pleno celebra el debate de totalidad del proyecto de ley, lo que marca el inicio así del trámite parlamentario de esta iniciativa legislativa. El Gobierno confía en superar esta votación con el respaldo del PNV y Coalición Canaria. Por su parte, el PP, CiU, IU-ICV, UPyD y el Grupo Mixto han presentado enmiendas a la totalidad para devolver el texto a La Moncloa.

El PP, en su enmienda, considera que hubiera sido más adecuado tratar la protección de los derechos de autor en una nueva Ley de Propiedad Intelectual, e insiste en que el Gobiero ha "perdido el tiempo sin abordar una ley específica".

UPyD considera en la suya un "error" el cierre de páginas web, así como el traslado a la jurisdicción contencioso-administrativa de la protección de los derechos de autor. El Grupo Mixto afirma que "resulta cuestionable, incluso indescifrable, la relación que guarda una regulación en la que se priva a los usuarios de páginas web de sus derechos fundamentales con la economía sostenible", y aboga por "otros mecanismos que no pongan en entredicho el principio de proporcionalidad".

Ni CiU ni IU-ICV mencionan la Disposición entre sus razones en sus respectivas enmiendas.

Además, también tiene lugar el debate de totalidad del Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible (texto íntegro, PDF), por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se tramitarán paralelamente.

Cierre de sitios web

El Gobierno aprobó el texto del proyecto de la LES el pasado 19 de marzo, y a pesar de los esfuerzos por acelerar su tramitación, debido a la complejidad del texto, se han producido hasta 12 ampliaciones de plazo para la presentación de enmiendas.

El texto aprobado por el Gobierno prevé un sistema mixto para decidir sobre el cierre de webs en el que intervendrán una comisión de Propiedad Intelectual (dependiente del Ministerio de Cultura) y la Audiencia Nacional, que será la encargada de llevar a cabo un proceso judicial 'ultrarrápido' en la vía contencioso-administrativa, y mediante el cual se podrá decretar el cierre de páginas web en tan sólo cuatro días.

Dicha Comisión será el órgano encargado de recibir las denuncias de entidades de gestión o de particulares que consideren que se están vulnerando sus derechos de autor.

Este órgano será el que estudie cada caso e inicie cada expediente administrativo correspondiente. Se encargará de advertir al propietario del sitio para que retire los contenidos que, según esta Comisión y basándose en la denuncia previa, vulneran derechos de propiedad intelectual.

Si el denunciado no hace caso, la Comisión acudirá a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que centralizará las denuncias en este ámbito. El juez tendrá, desde que reciba el expediente, un plazo de cuatro días para pronunciarse y ordenar o no el bloqueo de la página denunciada.

¿Derecho fundamental?

Una de las principales críticas a este proyecto normativo es la equiparación 'de facto' de los derechos de propiedad intelectual con el resto de derechos fundamentales, tal y como apuntó en su informe sobre la LES el Consejo Fiscal. En este sentido, el pasado mes de diciembre un movimiento de ciudadanos y blogueros suscribieron el llamado 'Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet', que denunciaba esta situación.

Grupos de activistas intentan caldear el ambiente mediante comunicados y protestas. Desde el colectivo Red SOStenible aseguran en una nota que "la 'Ley Sinde' ataca los derechos fundamentales en Internet en favor de lobbies industriales que no quieren reconvertirse".

"La Disposición se ha introducido de espaldas al propio parlamento: ha sido creada mientras una SubComisión Parlamentaria estaba trabajando sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual", recuerda este colectivo, y afirma que "no se deben mezclar asuntos del orden de la competencia desleal, como puede ser lucrarse del trabajo de otro sin que esto repercuta sobre este último, con la libertad de enlazar, citar y compartir, que son la esencia misma de Internet, una herramienta crucial para el futuro".

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/22/navegante/1285150005.html

Por otro lado:

DIGITAL Y TAL , Gustavo Bravo

La Ley Sinde y la cultura del “derecho al dinero”

Sinde aseguraba en una entrevista estar “orgullosa” de que esta ley se asociara con su persona. Poco importa ser la ministra más impopular del Gobierno. Poco importa que las principales medidas implantadas por la cartera de Cultura estén siendo juzgadas en el Tribunal Europeo. Como tampoco parece importar que su designación como ministra esté debatiéndose en la Audiencia Nacional por conflicto de intereses personales.

23-09-2010 - Gustavo Bravo - El Confidencial .- Derechos y dinero. Dos frentes muy distintos pero paralelos en esta guerra que libran autores y consumidores. El primero, el de los derechos, importa sólo de forma relativa. Grosso modo, es un debate infinito entre quienes defienden la propiedad intelectual y los que defienden la libertad de información. Poco importa. El frente de peso es el del dinero. Allí las bajas duelen de verdad y cada batalla se pelea con sudor y sangre.

Lástima. Porque mientras autores y consumidores batallan, los legisladores hacen y deshacen en materia de derechos todo lo que se les deja. Hoy no es un día cualquiera, es crucial. Se debate en el Pleno del Congreso la ley Sinde. Los más enterados temen que ocurra lo mismo que sucedió con el canon digital: que siendo, consiga llegar al BOE. El Gobierno espera aprobarla con el respaldo del PNV y de Coalición Canaria. Mientras, el resto de partidos han presentando enmiendas a la totalidad de la Ley de Economía Sostenible (LES) que la integra. Ya es algo; el día en el que el canon digital llegó al Pleno, todos los que votaron lo hicieron a favor (aunque ahora juren arrepentirse).

Comparar canon y ‘ley sinde’ no es gratuito. Cuando la copia pirata era ‘el gran mal’ de la industria audiovisual, el Gobierno se abstuvo de tomar medidas de calado para combatir a las mafias; la industria audiovisual, ésa que pensó que del mismo modo que el consumidor se pasó del vinilo al cassette, ahora lo haría del CD al cedette, optó por luchar a capa y espada hasta imponer un canon indiscriminado con el que recuperar el dinero que supuestamente estaba perdiendo con la copia privada, que siempre fue legal. Entonces, al igual que hoy, tanto Gobierno como entidades gestoras de derechos llegaron pronto a un acuerdo y lo llamaron "canon digital".

La ley Sinde pretende crear una comisión con la que trasladar la protección de los derechos de autor a la jurisdicción contencioso-administrativa y crear juicios rápidos con los que poder cerrar páginas web en cuatro días .

Ahora que no se venden discos (ni originales ni vírgenes), resulta que el canon ya no sirve. El problema (que sólo es de la industria, no lo olviden) se ha trasladado del top-manta a Internet. La ley Sinde pretende crear una comisión con la que trasladar la protección de los derechos de autor a la jurisdicción contencioso-administrativa y crear juicios rápidos con los que poder cerrar páginas web en cuatro días (literal). Sin embargo, todas las sentencias han dictaminado que descargar un archivo sin ánimo de lucro es totalmente legal, al igual que lo son todas las páginas que enlazan a las que alojan esos archivos. Ante la eterna incapacidad de dar respuestas profundas ante problemas complejos, la industria señala lo primero que ve (antes el mantero, ahora los internautas), mientras los legisladores, por su lado, inventan extrañas comisiones con las que ganar terreno al Poder Judicial.

Sinde aseguraba en una entrevista estar “orgullosa” de que esta ley se asociara con su persona. Poco importa ser la ministra más impopular del Gobierno. Poco importa que las principales medidas implantadas por la cartera de Cultura estén siendo juzgadas en el Tribunal Europeo. Como tampoco parece importar que su designación como ministra esté debatiéndose en la Audiencia Nacional por conflicto de intereses personales.

Los españoles llevan casi cuatro años pagando un canon digital indiscriminado en cada aparato electrónico que compran para “solventar el daño económico de la piratería”.

Pero la ley no es suya. La inclusión de la norma en el anteproyecto de la Economía Sostenible (LES) fue de José Enrique Serrano, entonces director de Gabinete del Presidente del Gobierno y ‘mano derecha’ de José Luis Rodríguez Zapatero. Da igual. Ella pone su nombre y da la cara, porque procede de lo más profundo de la industria audiovisual. Dicen luchar contra lo que llaman “la cultura del todo gratis”; pero mienten. Los españoles llevan casi cuatro años pagando un canon digital indiscriminado en cada aparato electrónico que compran para “solventar el daño económico de la piratería”, sin contar con que los internautas españoles sufren las tarifas más altas de Europa para poder navegar. De gratis nada. Está más que pagado.

No se puede legislar para salvar un negocio obsoleto, y no se pueden ignorar los derechos civiles. El problema no es Internet; está dentro de la propia industria, que se niega a evolucionar en un mercado global que no se detiene ante nada ni ante nadie. Hablar de “cultura del todo gratis” es una defensa en ataque, mientras lobbies y legisladores buscan la manera de asentar la cultura del “derecho al dinero” para unos y la del “derecho a saltarme el derecho” para otros.

Fuente: http://www.internautas.org/html/6319.html

Saludos

INTERNET | Supera cinco enmiendas a la totalidad

La 'Ley Antidescargas' supera intacta su primer trámite parlamentario

* El Cogreso de los Diputados rechaza su devolución al Gobierno


El proyecto de Ley de Economía Sostenible (texto, PDF), que incluye la polémica Disposición Final Segunda en contra de las descargas digitales -la parte conocida como 'Ley Sinde'-, ha superado las cinco enmiendas a la totalidad en el Pleno del Congreso con los votos de PSOE, PNV y CC (176) en contra de la devolución del texto y 169 a favor, sin ninguna abstención.

El texto pasará a continuación a la Comisión Parlamentaria corerespondiente, la de Economía y Hacienda, en la que se debatirán las enmiendas parciales, "muy numerosas" según fuentes del Congreso, al tratarse de un proyecto complejo.

En este sentido, el Partido Popular ha presentado varias enmiendas de modificación la odisposición, que trata sobre el cierre de sitios web que infrinjan derechos de propiedad intelectual.

La principal propuesta popular es establecer que el procedimiento de cierre de sitios web se realice en un plazo de nueve días y siempre bajo tutela judicial, en virtud de la modificación del nuevo artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de abril, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que quedaría como sigue:

"El Juzgado, en el plazo improrrogable de cuatro días siguientes a la recepción de la notificación de la resolución de la Comisión y poniendo de manifiesto el expediente, convocará al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados o a la persona que éstos designen como representante, a una audiencia en la que, de manera contradictoria, oirá a todos los personados y resolverá mediante auto en el plazo improrrogable de 5 días".

Además, propone añadir una Disposición Adicional Nueva, que obligue al Gobierno a presentar una nueva Ley de Propiedad Intelectual en la que quede eliminado el canon digital, en línea con las conclusiones de la Subcomisión de la Propiedad Intelectual.
Cierre de sitios web

El Gobierno aprobó el texto del proyecto de la LES el pasado 19 de marzo, y a pesar de los esfuerzos por acelerar su tramitación, debido a la complejidad del texto, se han producido hasta 12 ampliaciones de plazo para la presentación de enmiendas.

El texto aprobado por el Gobierno prevé un sistema mixto para decidir sobre el cierre de webs en el que intervendrán una comisión de Propiedad Intelectual (dependiente del Ministerio de Cultura) y la Audiencia Nacional, que será la encargada de llevar a cabo un proceso judicial 'ultrarrápido' en la vía contencioso-administrativa, y mediante el cual se podrá decretar el cierre de páginas web en tan sólo cuatro días.

Dicha Comisión será el órgano encargado de recibir las denuncias de entidades de gestión o de particulares que consideren que se están vulnerando sus derechos de autor.

Este órgano será el que estudie cada caso e inicie cada expediente administrativo correspondiente. Se encargará de advertir al propietario del sitio para que retire los contenidos que, según esta Comisión y basándose en la denuncia previa, vulneran derechos de propiedad intelectual.

Si el denunciado no hace caso, la Comisión acudirá a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que centralizará las denuncias en este ámbito. El juez tendrá, desde que reciba el expediente, un plazo de cuatro días para pronunciarse y ordenar o no el bloqueo de la página denunciada.
¿Derecho fundamental?

Una de las principales críticas a este proyecto normativo es la equiparación 'de facto' de los derechos de propiedad intelectual con el resto de derechos fundamentales, tal y como apuntó en su informe sobre la LES el Consejo Fiscal. En este sentido, el pasado mes de diciembre un movimiento de ciudadanos y blogueros suscribieron el llamado 'Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet', que denunciaba esta situación.

Grupos de activistas intentan caldear el ambiente mediante comunicados y protestas. Desde el colectivo Red SOStenible aseguran en una nota que "la 'Ley Sinde' ataca los derechos fundamentales en Internet en favor de lobbies industriales que no quieren reconvertirse".

"La Disposición se ha introducido de espaldas al propio parlamento: ha sido creada mientras una SubComisión Parlamentaria estaba trabajando sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual", recuerda este colectivo, y afirma que "no se deben mezclar asuntos del orden de la competencia desleal, como puede ser lucrarse del trabajo de otro sin que esto repercuta sobre este último, con la libertad de enlazar, citar y compartir, que son la esencia misma de Internet, una herramienta crucial para el futuro".

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/23/navegante/1285234563.html

Saludos

El Congreso da luz verde a la Ley Sinde: La censura llegará a Internet

El Congreso aprueba los trámites de la Ley de Economía Sostenible. La norma legal que permite el cierre de páginas web por parte de un órgano administrativo en caso de que se resuelva que vulneran de algún modo los derechos de autor ha salido adelante tras los votos en contra de PSOE, PNV y Coalición Canaria ante las enmiendas a la totalidad.

Cinco meses después de la presentación en el Congreso, la Ley de Economía Sostenible ha dado un paso al frente casi definitivo en su tramitación al ver cómo se rechazaban las enmiendas a la totalidad del texto. Con 176 votos en contra de la devolución de la norma (los de los citados PSOE, PNV y CC) y 169 a favor, sin ninguna abstención. Ahora continuará su trámite en lo referente a las enmiendas parciales pero es muy probable que los resultados del texto final no varíen en exceso tras lo visto en la sesión parlamentaria.

La ley incluye la polémica Disposición Final Segunda y aunque algunos grupos políticos han mostrado su rechazo hacia ésta no ha sido el caso de los mayoritarios por lo que se prevé que acompañe al texto final con lo que esto implica. Como se ha mantenido desde la plataforma por los derechos de los internautas Red SOStenible, esta parte del texto supone el ataque hacia los derechos fundamentales en Internet en favor de lobbies industriales que no quieren reconvertirse ni adaptar su modelo de negocio a los nuevos tiempos que corren en la Red.

Rechazo inicial y cambio de opiniones de varios grupos políticos

Desde un primer momento el Gobierno se encontró con un rechazo masivo a su proyecto de ley. Desde entonces, algunas partes han cambiado de parecer a tenor de lo visto en la Cámara Baja durante el debate hoy celebrado. A comienzos de 2010 la oposición en bloque se mostró su negativa a apoyar el texto. Tal fue el caso del Partido Nacionalista Vasco y de Coalición Canaria cuyos diputados dentro de la Subcomisión parlamentaria de la Propiedad Intelectual mostraron su oposición al cierre de páginas web.

Por su parte, el partido nacionalista catalán Covergencia i Unió (CiU) ha señalado que quien debe decidir si una web es cerrada o no debe de ser siempre un juez y no un órgano administrativo. Esta postura encontró el apoyo de los diversos internautas reconocidos con los que la ministra González-Sinde se reunió para acercar posturas como Enrique Dans, José Cervera, Rosalía Lloret (RTVE), Gumersindo Lafuente (Soitu.es), Mario Tascón (Lainformacion.com), Juan Varela y Javier Sanz (ADSLzone).

La ley seguirá su curso y entrará en vigor a principios de 2011

Nueve meses después de aquellas posturas y manifestaciones y tras el suceso de hasta doce prórrogas, la Ley de Economía Sostenible ha visto cómo seguirá su curso hasta una aprobación final promovida por el PSOE, partido en el Gobierno y que curiosamente en 2002 criticaba a través de Alfredo Pérez Rubalcaba otra de las leyes polémicas introducidas en nuestro país para el control de Internet, la LSSI. El hoy ministro del Interior la calificaba como la "ley de censura del ciberespacio".

Y en lo que respecta a la oposición mayoritaria, donde se encuentra el Partido Popular, ha votado a favor del rechazo total del texto pero ha presentado una enmienda que modifica ligeramente el papel de la Comisión de Propiedad Intelectual introduciendo la figura de la "tutela judicial" pero buscando la protección de los derechos de autor. "Es capital que los ciudadanos puedan acceder a la red libremente", aseguraba el PP en su día.

En definitiva, nuevas leyes para proteger un modelo antiguo, el de los derechos de autor, que no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos que corren gracias a una herramienta, Internet, que ha evolucionado a pasos agigantados en apenas 15 años y ha supuesto una auténtica revolución social. A pesar de ello, el empeño por censurar por parte de los diversos órganos ejecutivos sigue estando de moda en pleno siglo XXI.

Fuente: http://www.adslzone.net/article4610-el-congreso-da-luz-verde-a-la-ley-sinde-la-censura-llegara-a-internet.html

Saludos