Los cambios a la ley que permitirá el cierre de webs, aplazados hasta el 8 de enero

Los cambios a la ley que permitirá el cierre de webs, aplazados hasta el 8 de enero

Ese día, la Ley será remitida a los órganos consultivos.

En febrero llegará al Parlamento para su tramitación.

Se espera que pueda entrar en vigor en verano.

José Luis Rodríguez Zapatero, en una rueda de prensa en la que ha hecho un balance del año y una previsión de cómo vendrá 2010, ha anunciado que la polémica disposición final de la Ley de Econmía Sostenible no experimentará ningún cambio al menos hasta primeros del año que viene.

El presidente del Gobierno ha dicho: "el día 8 de enero, en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible irá la fórmula que remitiremos a los órganos consultivos". Se prevé que en febrero la Ley llegue al Parlamento para su tramitación y que esté lista para entrar en vigor el próximo verano.

Breve historia de una ley polémica

La noticia de la posibilidad del cierre de páginas web sin que medie un juez se extendió rápidamente por la Red. Apenas unas horas después, el descontento se canalizó en un manifiesto, redactado de forma espontánea, colectiva y democrática en la noche de este martes, al que en pocas horas se adhirieron miles de blogs. Al mismo tiempo, grupos de ciudadanos pedían a través de Facebook y Twitter una reunión con la ministra de cultura.

La reunión de la 'Lista Sinde', puntualmente transcrita a través de Twitter, no sirvió para acercar posturas, pero sí para forzar la intervención de Zapatero, que terció en la polémica asegurando que "no se va a cerrar nada en la Red", palabras que sonaron a una desautorización de la postura de su ministerio. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega (tras el Consejo de Ministros), defendió a González Sinde y desmintió los rumores de dimisión, alentados por el PP.

La polémica suscitada por las medidas del Gobierno contra la piratería en Internet no tiene visos de decaer, más bien todo lo contrario. El pasado 18 de diciembre, una amplia representación de la industria cultural española hizo pública una carta abierta a José Luis Rodríguez Zapatero para mostrar su indignación y exigir respeto.

Mientras, en Internet surgen nuevos movimientos contrarios a la ley prevista por el Gobierno. Uno de los más recientes es La lista de Sinde, una página web que pretende ayudar a los internautas a encontrar archivos descargables de Internet mediante dos widgets

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/598181/0/cambios/cierre/webs/#comentarios

Saludos

La Industria española de contenidos aprovecha la guerra de las descargas para reabrir el debate del canon al adsl

Se hacen fuertes en el impasse de Moncloa y juegan a todas las manos: ya han soltado los ‘sables’ de los de los cortes a los usuarios de internet tras las huellas del modelo galo de la Ley Hadopi. La industria de contenidos y las gestoras de derechos se conforman por ahora con que se consume el modelo ‘antipirata’ esbozado en la Ley de Economía Sostenible y con pedir al Ministerio de Industria que les haga de oficio el trabajo sucio de ‘perseguir’ a 200 páginas web a las que consideran responsables del 70% de las descargas ‘ilegales’ en España y de beneficios de más de 300 millones de euros. Pero no pueden evitar, por si acaso, hacerle sitio ya a una ‘cuarta vía’, la última de sus esperanzas, más allá de la macroweb de contenidos propios a la que no acaban de meterle prisas. Con o sin ‘tijeretazo’ en la regulación que la Comisión Interministerial para regular los contenidos de Internet presente después de la polémica de la disposición final de la LES, la Coalición de Creadores y las organizaciones de defensa de los derechos de autor no renuncian a hacer realidad de este lado de los Pirineos una bitácora ‘antipirata’ gemela de la del Reino Unido. ETNO -la Organización Europea de Operadores de Telecomunicaciones- ha reactivado su propuesta de dejar atrás las tarifas planas de internet y comenzar a cobrar la banda ancha en función del volumen de las descargas. Una opción que le ha abierto de nuevo los ojos a la Industria de Contenidos de la UE. La española no iba a ser menos.
El canon a la banda ancha era- decía entonces la SGAE- la fórmula para ‘bendecir’ y legalizar todos los contenidos por la puerta del cobro. Y lo dejó caer. Pero hoy las grietas del pragmatismo dividen sus filas, ahora que la Coalición de Creadores sabe que el cierre o el bloqueo de webs topa con las líneas rojas de la tecnología y las reticencias de los hostings y las operadoras. Y que aunque consiguieran consumar el cierre de alguna de las 200 webs de su ‘lista negra’, eso no mejoraría el mapa de sus ingresos. Por eso, itentarán, primero, hacerse hueco en la intensidad de los internautas españoles y su consumo de contenidos, al fin y al cabo los segundos más activos del mundo en el último año. Discrepan, pero sacan del ‘horno’ el debate sobre el canon al adsl. Lo ha hecho en público, de manera formal, DAMA (la Asociación de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales), con una opción que no estaba en principio en el ‘menú’ digital de los Ministerios de Cultura y de Industria para regular los contenidos de internet y que no es del agrado de la CMT, que este trimestre rebajó el precio del adsl indirecto un 20% para que las operadoras lo trasladaran al precio final al consumidor.

Zapatero no sabe cómo resolver la ‘ecuación’ de las descargas ni ‘sacar la pata’ de la ministra Sinde con la regulación de los contenidos de internet de la Ley de Economía Sostenible. No lo intentará por ahora, a pesar de la que la Comisión Interministerial de Internet debía haber tenido listo sobre la mesa del Gabinete de Presidencia un informe final y un plan tentativo de reformas legislativas antes de fin de año. Promuscae, la patronal de la industria discográfica, se lo piensa y destapa el debate desde su sillón entre las 24 organizaciones escogidas por Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso de los Diputados para presentar sus sugerencias en dos sesiones parlamentarias a finales de enero y febrero. Juran tener a mano la ‘cuadratura’ del círculo, “el punto de equilibrio entre retribución razonable para los autores y libertad de acceso y uso privado de una herramienta disponible para los internautas”.

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos -que agrupa a asociaciones como SGAE o Promusicae suma y sigue en su bitácora para un mar en el que hasta ahora la industria de contenidos española rema ‘a dos manos’,convencidos de que, en palabras de Enrique Urbizu, Presidente de DAMA, "la gente se acostumbra a infravalorar el bien cultural" y “lo gratis se devalúa”. Tratan de buscar la ‘ocasión’ en la propuesta de cobro por consumo de velocidad de descarga del adsl que las telecos -que siguen repudiando los cortes y el castigo a los usuarios y abogan por nuevas macrowebs de contenidos comerciales- empiezan a sopesar. Desempolvan la propuesta que el Reino Unido abandera desde enero: un canon, que se aplicará a las conexiones de banda ancha y que en el modelo original inglés podría ascender a 20 libras anuales (21,8 euros) y estaría gestionado por la agencia de telecomunicaciones, que lo cobraría directamente a los operadores de telefonía. Hacen suya la vieja reclamación de la SGAE de imponer el canon a las conexiones a internet, que en su momento abogaba por un impuesto a los accesos de banda ancha para crear un fondo con el que subvencionar la producción nacional y que lo dejó caer para no ‘legitimar’ a todo tipo de descargas.

A CONTRAPIÉ DE LAS TELECOS

El cierre o el bloqueo de webs topa con las líneas rojas de la tecnología, pero a la vista de que Sebastián y Zapatero sueltan -o al menos aparcan- la posibilidad de cortes a los usuarios, las asociaciones de derechos de la propiedad y la industria buscan la caja de las telecos, con la mano tendida a algún tipo de canon –fijo o progresivo- que grave las conexiones a internet. Miran más allá de los Pirineos, a los países que en los últimos meses han estrenado iniciativas para gravar al sector tecnológico: en Argentina, desde noviembre, hay una nueva legislación que grava con una tasa de hasta el 35% a los productos tecnológicos y de electrónica de consumo y duplica el IVA del 10,5% al 21% a un listado de dispositivos electrónicos que no se hayan fabricado o ensamblado en el país, pero sobre todo, suma un nuevo impuesto del 3% sobre el precio de las telecomunicaciones, para empezar las conexiones a Internet.

Pero ni la Coalición de Creadores ni el conjunto de la industria de contenidos española olvida que fue un movimiento ciudadano, impulsado a través de la red de microblogging Twitter, el que convenció a algunos políticos argentinos de que agrandaría la brecha digital y fomentaría de un mercado negro paralelo. Y rebajó sus aspiraciones. Nada diferente al precedente mexicano, donde el gravamen del 3% sobre las conexiones a la red también ha visto la luz, pero con condiciones: sólo se aplicará a los contratos que no tengan el servicio de Internet por separado.

No hay calendario, ni comisión de trabajo formal, nada que permita a la industria de contenidos certificar que han conseguido devolver a la mesa de las negociaciones por las descargas a las grandes operadoras de telefonía, pero no será por ganas. Se varán las caras entre los La Coalición de Creadores de Contenidos tiene prisa ahora que la Comisión Interministerial ultima la nueva regulación para “combatir las descargas no autorizadas en Internet” y ponerle coto a los intercambios de archivos. La industria de contenidos quiere sitio para las telecos en su ‘barco antipirata’. Las necesita. Serán el brazo ejecutor de la penalización -sea o no judicial- si pasa por cortes o frenazos al adsl, por más que Redtel -la asociación de Telefónica, Orange, Vodafone y Ono- sostenga el mismo rechazo que el primer día a la criminalización a los usuarios y las restricciones del servicio de internet.

Busca una posición común, sabe que no será la de los cortes administrativos a los usuarios, cara y desagradable para las telecos. Pero ya no le importa tanto: la Coalición ha renunciado a la vía francesa y centra sus esfuerzos durante los próximos meses en la persecución a las 200 webs más dinámicas en el P2P ‘ilegal’. Quiere que el Ministerio de Industria le haga el ‘trabajo sucio’ con denuncias de oficio. Nada nuevo a lo que hasta ahora las telecos agrupadas en Redtel no le hayan dado ya la espalda. No quieren ser ni los jueces ni siquiera los brazos ejecutores de un proceso técnicamente complejo y costoso para las operadoras: lo sabe O2, que en Reino Unido ha tenido que comenzar a ralentizar la velocidad del P2P entre las 20 y 23 horas gracias a la instalación de un hardware capaz de clasificar los paquetes IP.

Pero a menos de un mes de que Industria cierre la ventanilla de las sugerencias para la regulación de las descargas y el intercambio de archivos en internet, no hay mesa de diálogo. Las telecos no acatarán más que órdenes, si es que llegan de un juez o una nueva autoridad. Para la agrupación de las principales operadoras de telecomunicaciones, cualquier intento de solución que se limite a penalizar "será un fracaso", la demostración de que ante “ciudadanos que demandan cada vez más contenidos culturales a través de nuevos canales, la industria cultural se niega a canalizar su oferta a través de Internet de forma legal y con ofertas atractivas". Sólo están dispuestos a recibir instrucciones. “Como el caso de las escuchas telefónicas. Si un juez dictamina que se debe hacer una escucha, las operadoras corremos con todos los gastos y ponemos las inversiones necesarias para ello, pero nunca decidimos cuándo una línea debe ser intervenida”, explicaba en ABC Francisco Román, que antes del ‘affaire Sinde’ por primera vez se desmarcaba de las huellas del sector y reconocía que estaría dispuesto a aceptar -al uso británico- una autoridad independiente -no judicial- que regulara las descargas.

Desde el primer día de sus desencuentros con la Coalición, Redtel pide contenidos atractivos a precios competitivos para frenar las descargas, un marco de colaboración entre los creadores de contenidos y los operadores de telecomunicaciones y campañas publicitarias de concienciación sobre el "respeto a la propiedad intelectual. Por eso los creadores y la industria de contenidos les tienden la mano de la tercera vía -la comercialización de contenidos digitales-. Sabe que a la vista de Pixbox y del proyecto de Telefónica para digitalizar la Biblioteca Nacional, ellas ya han conseguido despejar el acceso a esa opción. Pero sobre todo y busca sitio, de su mano, en una compensación como la que ya ha despejado Gran Bretaña: su cuota en un canon a la banda ancha, que si no es general, al menos llegue en función del volumen de descargas, ahora que las operadoras europeas barajan su cobro progresivo.

A pesar del descenso de uso del P2P- a favor del streaming y otras alternativas- y de que el 10% de los usuarios consumen el 60% del tráfico de la red de un ISP, el posible pago por volumen de datos representaría una excelente noticia para las sociedades de gestión de derechos de autor que podrían recibir un porcentaje. Les sabe a poco el canon por copia privada que grava en España a determinados productos electrónicos y soportes físicos, en función de su capacidad para albergar obra protegida por los derechos de autor. Las entidades de gestión recaudan un gravamen que no distingue, en lo que se refiere a ciertos productos como CD, DVD o discos duros, entre un uso como material de ocio y otros usos de carácter profesional en los que no hay motivos para albergar obras con derechos.

La ‘solución’ del canon digital tiene más de un valedor en Moncloa y en el Ministerio de Industria y la Setsi, más de un técnico coincide con la Coalición en que podría ser la cuadratura de todos los círculos: si no hay cortes, ni disminución de velocidad, no agrediría a la neutralidad de la red que España quiere abanderar como la que más en la UE, ahora que se ha convertido en parte del paquete telecom y la estrategia de Lisboa para la Unión. Pero Industria no quiere echarle más manchas al segundo adsl más caro de la UE, ni agitar las aguas del sector de internet, que -ahora que la batalla de las descargas ha calmado momentáneamente sus lanzas- le recuerda que ya es uno de los mercados con uno de los índices más bajos de penetración de banda ancha de los Veintisiete. Menos aún justo ahora que, a pesar de sus lagunas, las críticas de la CMT a la banda ancha española -a contrapié de los informes de la Setsi- reviven los desencuentros con la UE.

Cuanto la Comisaria Kroes asuma en enero las riendas del sector TIC, en menos de un mes, se encontrará, sobre su mesa, la guerra abierta entre Ros y la CMT, que acaba de sonrojar a España con el cuarto informe de precios de banda ancha y la ‘denuncia’ de que el adsl nacional es un 19% y un 70% más caro que el precio medio que ofrecen los operadores dominantes en el resto de países europeos. Un estudio externalizado -a la fuerza ahorcan para la CMT- cuestionado por las operadoras y la propia Setsi, porque tiene en cuenta las mejores ofertas en cada uno de los 27 países de la UE dentro del segmento residencial y los precios, ajustados al poder adquisitivo de cada país, no incluyen IVA, ni promociones o descuentos. Pero que sintoniza con las denuncias de la Asociación de Internautas: que enarbola sus cifras: el segundo ADSL más caro de la Zona Euro y el tercero de la UE. De acuerdo con el informe sobre precios de Banda Ancha del regulador de telecomunicaciones, en España la modalidad más demandada (el paquete de voz y datos con velocidades de entre 2 y 10 megas), es un 6,3% más cara que la media de las mejores ofertas de la Unión Europea. No olvidan que los hogares españoles que no disfrutan de conexión a Internet o de banda ancha alegan sobre todo “razones económicas”, según el último informe de la Sociedad de la Información de la Fundación Telefónica.

EL ‘VIAJE A NINGUNA PARTE’

Moncloa no ha sentado a su mesa a los internautas, ni ha esperado por un pacto con las operadoras de telefonía. Ni por las sugerencias -contenidos alternativos y campañas educativas- que Redtel puso siempre sobre la mesa de las negociaciones con Industria y que las telecos estaban dispuestas a ayudar a ejecutar. Para detectar las web que vulneren la ley, podrá solicitar a las compañías de acceso a Internet (Telefónica, Jazztel, Vodafone, Orange y operadores de cable) los datos que considere oportuno para su identificación y estas operadoras estarán obligadas a ofrecérselos. Nada nuevo a lo que hasta ahora las telecos agrupadas en Redtel no le hayan dado ya la espalda. No quieren ser ni los jueces ni siquiera los brazos ejecutores de un proceso técnicamente complejo y costoso para las operadoras: lo sabe O2, que en Reino Unido ha tenido que comenzar a ralentizar la velocidad del P2P entre las 20 y 23 horas gracias a la instalación de un hardware capaz de clasificar los paquetes IP. Desde el primer día de sus desencuentros con la Coalición, Redtel pide contenidos atractivos a precios competitivos para frenar las descargas, un marco de colaboración entre los creadores de contenidos y los operadores de telecomunicaciones y campañas publicitarias de concienciación sobre el "respeto a la propiedad intelectual.

Si el paquete ‘antipiratería de la disposición final de la LES acaba por cristalizar, las firmas de hospedaje web se verán en una encrucijada. El sector ya ha levantado la voz. El texto obliga a los prestadores de servicios, ya sean telecos o proveedores, a "facilitar los datos de que dispongan", cientos de datos sensibles para sus clientes, además de que el caudal de páginas que tendrían que cerrar crecería exponencialmente sin compensación económica. Los alojadores tendrían que cortar el servicio si la Comisión (o el juez, como hasta ahora) lo deciden. Pero si el servidor no está bajo jurisdicción española -al menos el 30% de las webs incluidas en la ‘lista negra’ de la Coalición de Creadores- se recurriría a las operadoras para que bloquearan el acceso a la web -mediante el enrutado o a través de la resolución DNS-.

Según explican los responsables de CDmon y Arsys a Bandaancha.eu, puede ser "una chapuza desde el punto de vista técnico y una barrera fácilmente salvable por los que infringen la ley". En el caso de bloquear una IP, se dejaría fuera de servicio a todas las webs que la compartan. Y en el caso de las empresas proveedoras de ADSL deberán instalar filtros intermedios que podrían llegar afectar el rendimiento de la red en sus clientes. Las compañías de hosting se preguntan además que ocurrirá cuando el juez no respalde la decisión de la Comisión y el cliente desconectado exija responsabilidades. La jurisprudencia ha comenzado a marcar la pauta de su sintonía: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -alegando que se “vulneraría la Ley de Protección de Datos Personales” -acaba de denegar a la productora y distribuidora Private Media Group la petición para que las operadoras Telefónica, Orange y Jazztel entreguen los datos personales de usuarios que compartieron mediante P2P algunas de sus películas para iniciar una demanda contra los titulares de las IP por infracción de sus derechos de propiedad intelectual.

Hasta la industria de contenidos da por hecho su ‘ineficiencia’: exigen que, si en un año no se ha reducido el 70% de la piratería, los cortes lleguen también a los usuarios y lanzan su macroweb. Los derechos y las garantías de la UE le desvelan que cerrar las páginas españoas de descargas definitivamente no será tan fácil; los atajos tecnológicos le recuerdan que no servirá para cercenar las opciones de los contenidos que consideran piratas; y el perfil del mercado y el ‘efecto Spotify’ le advierten que, a lo peor, toda su guerra no sirve para nada: el mar de los contenidos digitales ya se rige sólo por la oferta, la calidad, la diversidad y el precio. Los técnicos y los analistas se lo han adelantado a Cultura y la Setsi: la nueva regulación sólo será el preludio del renacer de mecanismos de criptografía y redes privadas virtuales como los que ya inundan Suecia o Gran Bretaña, los internautas responderán pasándose a la Darknet, donde sistemas como Freenet hacen imposible saber quién tiene qué y bloquean cualquier intento de detener el flujo de la información.

Al día siguiente de que el plan contra las descargas sea aprobado por el Gobierno, el proveedor de alojamiento de la web podrá desalojarla. La mayoría ya está en los EEUU y por cada web que cierre se abren 20. La idea es que los ISP impidan el acceso a los usuarios. Pero si entre los españoles, igual que hacen ya los suecos, se ponen de moda las redes privadas virtuales, el proveedor de acceso sólo sabrá que su cliente se conecta a un servidor VPN, perdiendo su rastro. En el mejor de los casos, desembocará en la restricción o el corte de un puñado de páginas y el ‘escarmiento’ a los prestadores de estos servicios podría quitar los índices de descargas, pero no los contenidos. Arañan en la piel de un mercado que no deja de cambiar.

Aunque consiguieran consumar el cierre de alguna de las 200 webs de su ‘lista negra’, saben que eso no mejoraría el mapa de sus ingresos. Por eso, intentarán, primero, hacerse hueco en la intensidad de los internautas españoles y su consumo de contenidos, al fin y al cabo los segundos más activos del mundo en el último año. La mano de la competencia comercial trata de hacerse sitio, para las multinacionales, en el mercado de los contenidos digitales. Ven cómo las naves del streaming y del P2P se llenan del respaldo del mercado y miran ya de reojo las sugerencias de Reding -sociedad digital y un mercado europeo-.

Le acaban de poner cifras los estudios europeos de Forrester Research e Ipsos MORI -nada sospechosos de apoyar a los ‘piratas’ de la red-: los autores de las descargas ‘ilegales’-uno de cada diez internautas- son también los que más gastan en compras audiovisuales, al menos 83 euros por encima del resto un 75% más. Y lo hacen tanto en tiendas convencionales como a través de comercio digital. Nada diferente al mercado nacional, donde según el último estudio de OcioNetwork, un 47,8% de los navegantes reconoce bajarse música, pero también la adquiere reglamentariamente y un 56% de los encuestados se descarga películas al mismo tiempo que va al cine habitualmente. Es verdad que, según el último estudio de Ocio Networks, en el mercado español un 70% de los usuarios “estaría dispuesto a pagar las descargas de música si las condiciones fuesen justas” y la SGAE se mantuviera al margen.

Pero las encuestas le desgranan su aviso para navegantes a la Coalición de Creadores y Moncloa: casi una tercera parte de los internautas consumen música exclusivamente a través de descargas (un 32%), mientras que sólo un 20% adquiere música sólo de forma legal. En el consumo de cine, la exclusividad de las descargas apenas la realiza un 15% de los internautas, mientras que un 30% únicamente va al cine, sin realizar ningún tipo de descarga. Y el rechazo al pago por consumo de televisión a través de la red casi unánime: el 77% no estaría dispuesto a pagar.

El corolario de Forrester: la forma natural de consumo de música ha cambiado y ahora los consumidores están demandando precios más bajos y un acceso más simple. Por eso la industria -al menos la española- destapa, velo a velo, la identidad de los ‘piratas’, rinde sus persecuciones y se enfunda los anzuelos de la atracción. Ahora que saben que son también los mejores clientes de los contenidos digitales, quieren ‘conversos’ para sus macrowebs ‘legales’. Y ‘navegantes’ dispuestos a pagar un nuevo canon. Miran a Spotify y -con ayuda y subvenciones de Cultura- le beben los vientos a su millón de clientes en España. Hasta Youtube se ha saltado las líneas rojas de todos los prejuicios de la red de redes: ya es rentable para Google desde hace 18 meses.

A la Coalición de Creadores le basta otear a Suecia -el mercado pionero en legalizar los cortes y el cierre de webs- para empezar a sospechar del mapa de los puntos de fuga que los internautas y los proveedores fabrican ya y que pasan por el P2P anónimo, el cifrado, las redes privadas, los sistemas de bloqueo de las IP de los perseguidores, la descentralización de las webs de descarga, o la ocultación del rastro del usuario. Tras la entrada en vigor de la legislación anti P2P en el mercado nórdico el intercambio de archivos bajó un tercio frente al mes anterior. Hoy, las cifras se han recuperado. La misma tendencia que apunta la red de redes en Francia y Gran Bretaña. Para humillación de la industria cultural, los internautas están dispuestos a paga por estos servicios entre 5 y 30 euros mensuales. Nada que no empiece a pasar ya en el resto de la UE: un 55% de los usuarios de internet en Europa confiesa que usaría herramientas para asegurarse el anonimato en la Red si se penaliza el P2P. Lo hacen ya en Francia, con el lanzamiento de Ipodah, o en el Reino Unido, donde el anuncio de un plan contra las descargas ha popularizado las VPN de ItsHidden o Cryptocloud. Los diferentes programas de intercambio de archivos lo saben. Algunos, como el español Omemo o Mute, nacieron ya con mecanismos de ocultación.

Son tecnologías baratas que por un máximo de 15 euros al mes ocultan los datos del usuario, con sistemas que hoy por hoy siguen siendo legales en España y que en principio sólo con un mandato judicial, la empresa de VPN está obligada a revelar la identidad oculta de su usuario. Nadie podrá ver si el internauta usa eMule o si entra a la página de The Pirate Bay [la mayor web de enlaces]". La operadora sólo será consciente del volumen de datos descargados, pero desconocerá el tipo al que pertenecen. Por eso, los analistas no descartan que, en el futuro, se solicite controlar "no el tipo de tráfico, sino la cantidad".

Fuente: http://www.icnr.es/articulo.php?n=091231012620

Saludos

Las 'webs' de descargas se podrán cerrar en un mes con orden judicial

La futura Comisión de Propiedad Intelectual actuará como órgano denunciante

El Gobierno ya tiene perfilado el procedimiento para bloquear páginas web que alojen o faciliten sin permiso la descarga de archivos sujetos a derechos de autor como películas, canciones o videojuegos. El modelo permitirá el bloqueo de las páginas o la retirada de contenidos ilícitos por un procedimiento rápido -menos de un mes- a propuesta de la Comisión de la Propiedad Intelectual, pero con autorización judicial previa.

Este modelo de la autorización judicial para adoptar una medida cautelar es el que emplean los ayuntamientos para la paralización de una obra o el que permite la retirada de anuncios y campañas publicitarias ilícitas, bien por tratarse de publicidad falsa o porque difunden mensajes que dañan la reputación de una persona o una entidad. En ambos casos, la petición proviene de un organismo administrativo o un particular: Instituto Nacional de Consumo, ayuntamientos, asociaciones de consumidores o titulares de un derecho o de un interés legítimo, entre otros.

Para pedir la cesación de la actividad es preciso una autorización judicial previa, aunque el juez no entra en el fondo del asunto, sino que sólo decide si el organismo solicitantes es pertinente para pedir la suspensión, y con ésta no se vulnera algún derecho fundamental. Esta intervención cautelar otorga una mayor rapidez al proceso, añadiendo efectividad a la medida que, de seguir el cauce judicial ordinario resultaría ineficaz, al haberse producido el daño ya, puesto que la sentencia llegaría posteriormente.

En el caso de las descargas de Internet, el organismo administrativo será la controvertida Comisión de Propiedad Intelectual. Ésta tendrá la potestad de pedir autorización judicial para que la página web que vulnere los derechos de propiedad intelectual retire los contenidos ilícitos o, en su caso, sea bloqueada. El juez deberá decidir si la solicitud está fundamentada, si la Comisión es competente para pedir el bloqueo de esa página y si al hacerlo no se vulnera ningún derecho fundamental. No obstante, el fondo del asunto es decir, la controversia derivada de si la página web vulnera o no la ley -en este caso la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)- pueden ser dirimidas a posteriori por los cauces ordinarios. Es decir, se trata de un procedimiento mixto que permitiría a la Comisión pedir medidas cautelares rápidas con una autorización judicial previa, aunque tanto la Comisión como los responsables de la web denunciada deben dirimir la querella sobre el fondo del asunto en la jurisdicción ordinaria. El trámite entre la solicitud del cierre de la web y la concesión o denegación del mismo será "brevísimo", menos de un mes, y, en "casos especiales, incluso en una semana", según fuentes del Ejecutivo.

El Gobierno intenta dar así una solución salomónica que contente a la industria cultural -representada por la llamada Coalición de Creadores-, ofreciéndole tal y como reclamaba un procedimiento rápido para impedir las descargas no autorizadas, y de paso calmar a gran parte de la comunidad internauta, introduciendo la autorización judicial previa, cuya demanda provocó una revuelta digital que obligó al Gobierno, con su presidente José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, a salir a la palestra para asegurar que "no se cerrará ninguna web" sin que lo decidiera un juez.

Antes de que un juez adopte cualquier medida cautelar, será preciso otorgar una serie de garantías a los dueños de las páginas web, como concederles un plazo para que supriman los elementos ilícitos de las páginas afectadas, cuya duración podría rondar los tres días, como sucede en el caso de la publicidad engañosa.

Para la puesta en marcha de este procedimiento, el Gobierno quiere evitar a toda costa modificar ninguna ley y pretende introducir este mecanismo en un reglamento que desarrolle la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. Fue en esa disposición en la que el Ejecutivo modificó la LSSI equiparando la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" a los otros cuatro motivos que hasta ahora permitían restringir y, en su caso, interrumpir la prestación del servicio, como son la investigación penal y la seguridad nacional; la salud pública; la dignidad de la persona y la protección de la infancia. La disposición también modificaba la Ley de Propiedad Intelectual creando la Comisión de Propiedad Intelectual, una comisión de ámbito nacional integrada por expertos independientes encargada de la salvaguarda de los derechos de autor en Internet.

El reglamento debe precisamente dilucidar la composición y el funcionamiento de esta comisión. Se quiere que la misma esté integrada por expertos independientes, entre los que figuren magistrados, abogados expertos en propiedad intelectual y representantes del mundo de la cultura e Internet.
Un asunto políticamente incorrecto

El Gobierno debía haber presentado las conclusiones del informe que le encargó a la Comisión Interministerial sobre la protección de los derechos del autor antes de fin de año, pero prefirió posponerlo para el primer Consejo de Ministros de 2010, que se celebrará el próximo viernes, día 8.

Y es que el Ejecutivo quiere andar con pies de plomo en este tema. La polémica surgida cuando EL PAÍS desveló que La Moncloa había introducido inesperadamente y con secretismo la legislación antidescargas en la Ley de Economía Sostenible, puso en serios apuros a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y desató una tormenta de declaraciones entre varios miembros del Gobierno para intentar calmar los ánimos.

La propuesta final no es la única que se ha barajado. Entre otras fórmulas, se contempló la posibilidad de crear juzgados especiales para delitos contra la propiedad intelectual, que tramitaran los casos con juicios rápidos. Sin embargo, parece improbable que se adopte finalmente esta medida, considerada cara y poco ágil, puesto que necesitaría montar una infraestructura completa.

La polémica ha sido rápidamente instrumentalizada en el ámbito político. La oposición, con el PP a la cabeza de la manifestación, ha tachado el proyecto de un intento de censura en Internet y ha pedido su retirada. Ante el oportunismo del PP y la airada reacción de muchos internautas contra el proyecto, el PSOE ha intentado marcar distancias, y miembros del partido -e incluso algunos de los que se han erigido en portavoces del movimiento internauta, muy próximos al PSOE- han tratado de exculpar a Zapatero y a su Gabinete de la autoría de la norma, culpando a la ministra de Cultura, que figura como independiente. Ahora, esa normativa va a ser tratada por el Consejo de Ministros.

Y el Gobierno, en pleno, deberá asumir sus consecuencias.

Hitos antidescarga

- 16 de abril 2009. Redtel, que agrupa a las operadoras de acceso a Internet y la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, rompen las negociaciones para una regulación de consenso. El Ejecutivo encarga a una comisión interministerial un informe con propuestas legislativas contra la "piratería".

- 25 de noviembre. El Parlamento Europeo aprueba la directiva que da libertad a los Estados de la UE para legislar sobre el control de la Red. Con los votos de PP, del Grupo Socialista y del Partido Pirata sueco, se elimina la enmienda que obligaba a la intervención judicial previa.

- 1 de diciembre. EL PAÍS desvela que la disposición

final de la Ley de Economía Sostenible incluye una normativa antidescargas. Se introduce la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" como uno de los cinco motivos por los que se puede bloquear una página web y se crea una Comisión de Propiedad Intelectual como órgano administrativo denunciante.

Fuente: http://www.elpais.com/articulo/cultura/webs/descargas/podran/cerrar/mes/orden/judicial/elpepucul/20100104elpepicul_1/Tes

Por otro lado:

ULTIMA HORA

La Asociación de Internautas ve insuficiente la "autorización" judicial para cerrar las web[/B]

Los internautas consideran insuficiente el requerimiento de una autorización judicial para el cierre de las páginas web que incluyan contenidos ilegales y siguen "preocupados" ante el modelo de control que prete ...nde establecer el Gobierno.

04-01-2010 - MADRID, 04 (SERVIMEDIA).- El presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, afirmó en declaraciones a Servimedia que una "autorización judicial es distinto a una resolución", ya que sólo implica que el órgano que pide el cierre de la página es competente para llevarlo a cabo.

"Una autorización da pie a todo tipo de interpretaciones y consecuencias", dijo Domingo ante la posibilidad de que el Ejecutivo apruebe un modelo basado en este tipo de control sobre las páginas web de descarga de archivos.

En su opinión, cualquier cierre de una página "tiene que tener una resolución", ya que una autorización "se da a un agente facultado para que haga no se sabe qué cosas".Además, denunció que con este tipo de medidas "se da por hecho que el intercambio de archivos es un delito". "Se considera una actividad delictiva cuando ningún juez ha dicho que lo sea", añadió.

Fuente: http://www.internautas.org/html/5920.html

Saludos

LA INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL JUEZ GUSTA AL PP Y A

LA INDUSTRIA PERO NO A LOS ACTIVISTAS DE LA RED

El nuevo plan del Gobierno contra el P2P "no cuela"

"Puro maquillaje político", "eso y nada es lo mismo", "la sustancia no cambia"... Así han recibido destacados activistas de la Red la noticia de que el Gobierno, aunque no cambiará su plan para crear una comisión que cierre páginas, sí pedirá autorización previa al juez para ello. Sin embargo, para el Partido Popular y la industria cultural se trata de un paso en el buen camino.

05-01-2010 - MIGUEL ANGEL CRIADO - PÚBLICO http://www.publico.es/ciencias/283018/nuevo/plan/gobierno/p/p/cuela .- El Gobierno piensa aprobar el proyecto de Ley de Economía Sostenible el próximo viernes. La disposición que permite el cierre administrativo de webs de enlaces se quedará como está. Pero, según publicó este lunes El País, un futuro reglamento recogerá la previa autorización de un juez. Así, la comisión tendrá que ir al juez para que, sin entrar en el fondo del asunto, la autorice al cierre. El dueño del sitio podrá recurrir por vía judicial.

Para el bloguero Julio Alonso http://www.merodeando.com/2010/01/04-no-cuela , uno de los autores del manifiesto que incendió la Red hace unos días, el cambio "no cuela". Y no cuela porque "en la práctica, se queda como estaba, dejando las pretendidas garantías para un reglamento". Otro de los autores del manifiesto, el profesor Enrique Dans http://www.internautas.org/html/la-politica-del-maquillaje.html#comments escribía en su blog en términos similares. Por su parte Simona Levi, del Foro de Cultura Libre http://fcforum.net/es/ , dijo que, en esencia, era lo que ya había.

El abogado Carlos Sánchez Almeida http://www.bufetalmeida.com/ , que defiende a dueños de webs de enlaces, duda además de la viabilidad jurídica de la medida. "Ya veremos lo que dicen el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial", opina. Otros dos especialistas en propiedad intelectual, como David Maeztu http://derechoynormas.blogspot.com/2010/01/ya-tenemos-intervencion-judicial-previa.html y David Bravo http://www.filmica.com/david_bravo/archivos/010302.html , también dan sus argumentos en contra.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, cree que esta modificación es insuficiente. En declaraciones a Servimedia, aseguró que una "autorización judicial es distinto a una resolución".

A favor

Sin embargo, la novedad sí ha gustado a otros. Aunque el PP duda de las intenciones del Gobierno, su responsable de Comunicación, Esteban González Pons, dijo a Efe que "si se confirma, se habrá ganada una batalla, pero no la guerra".

A la Coalición de Autores e Industrias de Contenidos si le parece una buena medida. "Se parece mucho a varios comentarios que nos habían hecho desde el Gobierno", dice su director, Joan Navarro. " Esperamos que el viernes apruebe el paquete de recomendaciones de la comisión interministerial y el articulado de la ley para que haya un debate amplio y sereno", añadió.

Fuentes: http://www.internautas.org/html/5921.html
http://www.publico.es/ciencias/283018/nuevo/plan/gobierno/p/p/cuela

Por otro lado:

TRAS EL GLOBO SONDA DE AYER

Moncloa hace maniobras de urgencia para cerrar la guerra de las descargas de internet sin cambiar nada.

Aunque Sinde y Alonso prometían esperar al trámite parlamentario de la LES a partir de febrero, Zapatero hace saber que cocina un Reglamento de espaldas a la subcomisión de Propiedad Intelectual. Nadie reconoce la autoría de la disposición adicional de la LES, pero Moncloa no la eliminará; aún no ha podido solucionar la confrontación entre Cultura, Industria, De la Vega y sus asesores. - Ana Zarzuela. en Intelligence and Capital News Report http://www.icnr.es/articulo.php?n=100105022730

05-01-2010 - Tienta la temperatura de las aguas de la red de redes. Otra vez. Ni sí, ni no, sino todo lo contrario. Presidencia deja caer, por la puerta de la sorpresa, a los cercanos a Moncloa, que ha dado con la cuadratura del círculo. Nada seguro. Nada que Zapatero no quiera poner a prueba de nuevo antes de servirla a la mesa del Consejo de Ministros del 8 de enero. Si llega ese día la ‘correción’ para la regulación de los cibercontenidos, será con más de un mes de retraso sobre la fecha prometida para que el Gobierno presentara las conclusiones del informe que le encargó a la Comisión Interministerial sobre la protección de los derechos del autor. Lo hará, además, vestida de Reglamento y sin reforma de la Ley de Economía Sostenible. Tampoco congelará su decisión mientras llega el informe definitivo de la Comisión Interministerial para la Propiedad Intelectual. Ni siquiera definirá la composición ni las funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual capitaneada por Sinde. Moncloa quiere sacar la 'pata de Sinde' pero sin tocar la guerra de las descargas. No se atreve. Busca una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual sin adentrarse en su perímetro y sin mirar al Congreso, aunque creó a su iniciativa en mayo una subcomisión de la propiedad intelectual para analizar con detalle este problema. Ni siquiera por las filas de su grupo parlamentario, el primer sorprendido si Moncloa cocina en el Consejo de Ministros una regulación de la red de redes sin esperar a que se pronuncie la Comisión de Propiedad Intelectual en el Congreso que -justo por los vaivenes de ZP- no tendrá listas sus conclusiones hasta febrero.
Presidencia, con todas las ‘barajas’ de la red de redes en más de una mesa, aún a riesgo de perpetuar la ceremonia de la confusión: no sabe - ni quiere- una reforma legislativa plena. Salta la barrera de la única promesa de Zapatero en persona: que no habrá cortes de páginas webs, ni blogs.

Juró que habría jueces. Y los habrá, aunque en primera instancia sólo como árbitros del cierre cautelar y temporal. Deja a la Comisión de la Propiedad Intelectual -aún por definir- con el dedo acusador. Quiso regularla sin que se notara y ahora busca corregirla sin tocar su ‘piel’ ni prescindir de ninguna de sus variables. Pero la solución ‘mixta’ que Moncloa estudia empuja la guerra de las descargas al viaje a ninguna parte: sin reforma de la LSIS y la LPI, los cortes de webs volverán a la mesa de los jueces que en su mayoría no ven delito en ellas. En el fondo de la polémica subyace -aún sin solución- un enfrentamiento entre el Ministerio de Industria -que respira por los recelos de las operadoras telefónicas que dan acceso a internet y los hostings de webs- y el Ministerio de Cultura, en sintonía con los creadores de contenidos y las asociaciones de propiedad intelectual.

Zapatero y De la Vega han asumido las riendas personalmente. Quieren caminar por la senda de la regulación de las descargas con pies de plomo, dicen sus cronistas. Pero con cada paso de sus demoras, llueve sobre mojado en la irritación del sector de internautas y bloggers y la paciencia de la industria de contenidos. Moncloa buscó la botadura de su barco ‘antipirata’ en noviembre en el dique de la disposición final de la Ley de Economía Sostenible, por la puerta de atrás de un anteproyecto que le explotó en las manos de su puesta de largo a la ministra de Cultura. Y ahora retoca su perímetro y promete incluir la autorización judicial en su ecuación, pero estudia ponerlo de largo en un Reglamento, sin abortar la disposición final de la Ley de Economía Sostenible y sin tener que pasar por la tormenta de desencuentros que le esperaría en el Parlamento.

No hace ni dos semanas que el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, desgranaba en el calendario de la cámara para 2010 y el procedimiento de la LES -en sesión a partir de la segunda quincena de febrero para que pueda ver la luz definitiva antes del verano- el sitio para despejar el futuro definitivo de la regulación de las descargas de Internet. No hace ni dos semanas que Sinde prometía en el Congreso que el debate estaba aún abierto y que las Cortes tendrían "la última palabra". Pero Zapatero tiene sus propias brújulas y tantea nuevas fórmulas de espaldas a los muros de los precedentes legales que le recuerda la AI: Cualquier regulación sobre un derecho fundamental como el del acceso a Internet o de publicación de contenidos en la Red debe requerir la aprobación previa del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. No basta un reglamento, que el Ejecutivo puede revertir de nuevo con la mano del Consejo de Ministros en cualquier momento.

La última palabra de Zapatero después del “no a todo”, es la vuelta de tuerca definitiva a su ceremonia de la confusión. Un mes y medio, un manifiesto y varios consejos de ministros después de que estallara la ‘batalla de las descargas, la disposición final del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible sigue donde estaba, con la aspiración de llegar allá donde los jueces no han querido, al cierre administrativo de webs y páginas de enlaces, aunque sea de forma provisional y tentativa. Y tan huérfana de padres como de verdugos: nadie reconoce su autoría -aunque el anteproyecto fue gestionado y redactado por el Gabinete de la Presidencia y por la Vicepresidencia Económica- pero menos aún la elimina. Su texto no se altera.

Si son ciertas las previsiones que adelanta el País, la regulación sólo sumará sus correcciones en un reglamento. Y la LES seguirá siendo igual de ambigua. Lo advierten los abogados y analistas especialistas en internet: la cláusula adicional de la LES no sólo se ha explicado mal, sino que su redacción tiene lagunas. No especifica o desarrolla la simple mención a la propiedad intelectual como causa de adopción de medidas administrativas, ni incluye al menos el requisito de ánimo de lucro comercial para tranquilizar a los internautas. Y Moncloa sigue sin ver lo que Sinde no atisbó: que para cerrar una web (aunque su cierre sea tentativo) es necesario cambiar primero otros puntos de la Constitución: el artículo 18.3, que garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial y el artículo 20.5, que sólo autoriza el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial (no sólo autorización). Y -como denuncian expertos como Enrique Dans y la Asociación de Internautas- la literalidad de la ley serviría “lo mismo para cerrar a patadas una página web cualquiera que para perseguir cosas que los jueces afirman que no tienen que ser perseguidas”.

Y es que Moncloa danza en círculos en torno a la trinchera de la indefinición. Vuelve sobre sus propios pasos y busca ‘maquillaje’ para su barco antipirata, al menos una mano de pintura para presentarlo como una nueva nave ante los internautas y ante las filas de Ferraz. Pero las presiones paralizan las fichas de Moncloa y a ZP no le salen los mapas de la red de redes. Sinde, no sabe no contesta, sólo entona el mantra de la ‘participación judicial en el proceso’. Sebastián se preocupa de la guerra con las telecos. No ha sido el paso adelante del Portavoz de Cultura del PSOE, José Andrés Torres Mora, (que defiende la propuesta de González-Sinde y la permanencia de la literalidad de la LES) el único que ha dejado entrever que la ‘guerra de las descargas’ se ha convertido para Moncloa y de Ferraz en un abismo al que asoman sus desencuentros los ministros y las diputados socialistas. Tampoco son las advertencias de la vicepresidenta De la Vega (que no tiene tan claro que haya que desechar “si tiene que haber o no una decisión administrativa”, y “el momento de la intervención judicial”). En Moncloa, aún lo único claro es que quién sabe.

Sólo la escenografía está ya clara. Una sin rastro de Sinde. Prometía -antes de abrazarse al silencio- que su ministerio seguirá “abierto a escuchar”, pero es Moncloa la que ya no tiene muchos más oídos para las explicaciones de la ministra. Ya no habrá, después de Navidad, la ronda de reuniones que Sinde prometió con el colectivo de blogeros e internautas, nada de una nueva hoja de ruta o al menos un nuevo manual de explicaciones. Seguirán barajando. Moncloa busca terceras vías para la regulación de las descargas en la red que no incendien todos los puentes con Washington. El Gobierno ya tomó el riesgo electoral de aprobar el canon digital en 2008 y la rebelión de los internautas le ha recordado esta vez, cuál puede ser el precio político de sus facturas. Su ‘cuarta vía’ pasaría por mantener la Comisión del Ministerio de Cultura, pero con menores funciones y sin la atribución de bloquear páginas web que presuntamente vulneren derechos de autor. Podrá instar al juez al cierre de una web, pero no ordenarlo directamente. Para Sinde, sigue siendo un “policía” de la red compuesto por magistrados, abogados expertos en propiedad intelectual y representantes del mundo de la cultura e Internet; para los documentos oficiales de su Ministerio, sólo un mediador y un denunciante. Presidencia aún no han desechado del todo la posibilidad de crear juzgados especiales para delitos contra la propiedad intelectual, que tramitaran los casos con juicios rápidos. Una fórmula similar a la que proponía en su momento Gregorio Peces Barba.

Moncloa no ha sabido desde hace más de un mes cómo sacar la pata de Sinde de la Ley de Economía Sostenible; sólo que tiene que plegar -o al menos que lo parezca- la vela mayor de la nave ‘antipirata’ de la ministra, que coló su ‘criatura’ (un gendarme administrativo con el que llegar, sin intervención judicial, allá donde los tribunales no han querido hasta ahora: al bloqueo de las webs de enlaces y los proveedores de servicios de internet) por la puerta de atrás de la LES, a última hora, sin que Zapatero en persona (lo confesaban entonces en Presidencia) pudieran revisar dos veces su letra pequeña de la disposición final de la discordia.
Se incluyó como una disposición final en el texto sobre Economía Sostenible, en el furgón de cola y fuera del articulado, no se anunció previamente a los sectores afectados, y tampoco se comunicó al resto de ministros y dirigentes del PSOE. Ni patronales como Redtel (que agrupa a las principales operadoras de telecomunicaciones) o ASIMELEC (la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnología de la Información); ni las asociaciones de internautas estaban al corriente de la reforma antes de su publicación. Menos ahora que Moncloa busca cómo deshacer los pasos de sus zozobras.

Reedita las prisas y las sospechas y presenta en sociedad, pero sin ‘padrinos’ el nuevo giro de tuerca para la regulación. Conjura los deslices con las mismas armas que los engendraron. Si fue una filtración a los medios la que presentó en ‘sociedad’ la disposición final de la LES y dejó a González Sinde en fuera de juego con sus intenciones, ahora transita las mismas latitudes, esta vez sin ministra de Cultura al volante.

LOS ATAJOS DE ZAPATERO NO ‘CUELAN’

Si buscaba reacciones, ya las tiene sobre su mesa: su ‘globo sonda’, el nuevo plan del Gobierno contra el P2P "no cuela". Menos aún en calma. Las asociaciones de internautas y los blogeros que se reunieron con Sinde en la ‘primera ronda’ del desencuentro sobre las descargas, hace un mes, consideran insuficiente el requerimiento de una autorización judicial- distinto a una resolución judicial- que sólo implica que el órgano que pide el cierre de la página es competente para llevarlo a cabo y que permitiría a propuesta de la Comisión de la Propiedad Intelectual cerrar o retirar parte del contenido de una web por un procedimiento rápido -menos de un mes- a propuesta de la Comisión de la Propiedad Intelectual y con autorización judicial previa. Los responsables de la página denunciada sólo podrían acudir a la jurisdicción ordinaria posteriormente para entrar al fondo del asunto y dirimir si la web ‘cercenada’vulnera o no la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y la de Propiedad Intelectual (LPI).

Será el viaje a ninguna parte: el de Zapatero, si devuelve al mismo sitio en el que hasta ahora estaban el cierre definitivo de las webs de descargas, en manos de jueces pero por el ‘atajo’ preventivo de las denuncias cautelares a iniciativa administrativa. Sin alterar la LES, sin quitarle sitio a la Comisión de Propiedad Intelectual que Sinde capitaneará. Pero sin moverse. El presidente no se resigna a abandonar un viaje al que podría haber llegado con más dotación presupuestaria para el Plan Integral de lucha contra la piratería aprobado por el Gobierno el 8 de abril de 2005. La consigna -desde Moncloa e Interior- parecer ser ir ahora contra los que inician la cadena de las descargas de contenidos en Internet y acabar así con la oferta de material sujeto a derechos de autor en la Red. Pero ya existe un régimen sancionador en el Código Penal - una legislación ya homologable a la del resto de países- que se podría cumplir, aunque los enlaces P2P, que permiten compartir todo tipo de contenido (protegido o no) entre ordenadores de todo el mundo de forma directa, no están penados en España, tal y como han recogido multitud de sentencias judiciales en los últimos años. Sólo alojar ese contenido protegido y ponerlo a disposición (comunicación pública) sí lo está si se demuestra que existe lucro por parte de los administradores.

A los internautas y los partidos de la oposición, el plan que ‘cocina’ Moncloa les daría el beneplácito de la intervención judicial, por más que repudien ya cualquier procedimiento que permitiera a una "Comisión de expertos" solicitar el bloqueo de cualquier página que ellos entiendan que vulnera los derechos fundamentales de los autores. A la industria de contenidos y las asociaciones de defensa de la propiedad intelectual, les regalaría la celeridad. Y el tiempo muerto con el ‘cierre preventivo’ de un puñado de webs con la simple autorización judicial, mientras llega una sentencia. Como reconocía Joan Navarro, portavoz de la Coalición, a El PAÍS, en los casos contados en los que han conseguido su objetivo “cerrar una página web por la vía administrativa o judicial ordinaria, les lleva ahora una media de seis años”.

La industria de contenidos intenta pescar a dos manos en el río revuelto de internet, quiere escarmientos y acelera la ‘caza de brujas’. Buscan ahora los atajos de Industria, ya no se fían de las promesas de la ministra. La lista que la Coalición de Creadores ha enviado a Industria con la dirección de cerca de 200 webs -que supuestamente distribuyen contenidos ilegales en internet- está siendo analizada por Moncloa y la han tomado, por ahora, como "documento de trabajo" para la comisión interministerial de la que forman parte Cultura, Justicia, Interior e Industria. La Coalición le marcó la dirección y le ha puesto nombre y apellidos a las webs de las que según sus cálculos depende un 70% de las descargas ‘ilegales’ en el mercado español. Son ellos además, los que tendrán que encabezar las denuncias a instancia de parte desde el seno de la Comisión para comenzar la persecución, página a página.

Podrán sumar la defensa de “la propiedad intelectual” a los motivos excepcionales -racismo, pornografía infantil, delitos contra el orden público- que permitían hasta ahora el cierre de páginas por orden administrativa. Otra cosa será la efectividad. Por eso la industria de contenidos y las asociaciones de derechos reman a dos manos, combinan el palo a los prestadores de servicios con la zanahoria a los internautas y en lugar de pedir su cabeza de entrada, busca hasta el bolsillo de los ‘piratas’, ahora que ha descubierto que consumen un 75% más de contenidos audiovisuales de pago que el resto de los internautas. La Coalición de Creadores y Promusicae se lanzan a la competencia con una macroweb financiada en un 80% por Cultura.

REINCIDENCIA ‘ANÓNIMA’

La ministra pasó a la historia de la ‘primera batalla’ de la guerra de Internet de Zapatero como la responsable del plan para cerrar páginas web sin autorización judicial, y pararrayos ante la avalancha de críticas desde dentro y fuera de la Red. Desde Ferraz y el grupo parlamentario socialista achacan el error a los asesores jurídicos de Sinde. Carga aún con el sambenito de la disposición final de la LES y con sus urgencias, las que la llevaron a ‘destapar’ la caja de los truenos con los internautas de espaldas al silencio acordado con Moncloa e Industria hasta que la Comisión Interministerial no entregara sus conclusiones al Congreso esta semana.

Pero fue el propio Zapatero el que volvió de Washington, el 16 de octubre, con el ‘encargo’ de limpiar las manchas del que EE UU considera el segundo mercado más pirata de la red y con un calendario y un guión claro, soplado al oído de Sebastián y Sinde por la gubernamental y por la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual. Sólo el entorno de González-Sinde se atreve a conjugar la letra pequeña de un viaje a ninguna parte en el que la ministra no ha estado sola, ni tan lejos de Moncloa. La enmienda de la LES pasó bajo más de una lupa del gabinete de Zapatero antes de saltar a la luz. Ahora se sabe. Y como adelantaban fuentes gubernamentales a El País, la ministra de Cultura quiso informar de la iniciativa, tal como estaba redactada, a las partes interesadas antes de su publicación, pero su pretensión fue desestimada.

Cuando González-Sinde comenzó a dejar ver los flecos de la disposición final de la Ley de Economía Sostenible, el texto ya había pasado por cuatro ministerios y superado el cedazo de Presidencia. No fue otro que José Enrique Serrano, director de Gabinete del Presidente del Gobierno y 'mano derecha' de José Luis Rodríguez Zapatero el que lo avaló -y hasta lo apadrinó según algunos- y no fue otro que el ministerio de Industria el que lo filtró a los medios. Además, como recuerda el presidente de la Asociación de Internautas, hasta tres veces el Gobierno ha intentado cerrar páginas webs sin permiso judicial. “La primera vez fue durante la tramitación de la LISI, articulo el artículo 17 bis, y una semana después de su expulsión definitiva volvieron a intentarlo con el “Anteproyecto de ley sobre procedimiento de notificación de presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual a través de los prestadores de acceso a Internet". Ambos proyectos pretendían introducir en el Ordenamiento Jurídico, un procedimiento de notificación y retirada de contenidos de la red sin control judicial alguno. La presión de la red impidió en aquel momento que progresaran esas ideas”.

OTRO VIAJE A NINGUNA PARTE

Zapatero promete exigir la intervención judicial para el bloqueo de páginas de internet y no tocar a los usuarios particulares, pero al esquivar la pauta de Sinde choca de nuevo con los muros del colectivo de internautas: augura cortes a las “webs con contenidos ilegales”, aún a riesgo de emprender un viaje a ninguna parte y de topar con los mismos muros jurisdiccionales donde hasta ahora todos los tribunales no han encontrado delito. Si las webs recurren a posteriori a la autoridad judicial -como avala la UE- los bloqueos y cortes toparán con los tribunales en los que, hasta ahora, las causas contra las descargas han fracasado. Serán, para los planes de Sinde y de la Coalición de Creadores, los mismos jueces que han archivado ya en España una treintena de denuncias de la industria cultural y han llegado, incluso, a ordenar la reapertura de dos de ellas, en una sentencia conocida la semana pasada, por considerar al P2P un sistema de comunicación legal “privada entre particulares”.

Por lo penal, la mayoría de procesos contra las páginas de enlaces han acabado con el sobreseimiento, como en el emblemático caso de Sharemula. Fue el propio Ministerio de Cultura el que ya intentó desde 2007 la persecución de estas páginas con una redada a las webs de e-links. Sin embargo los jueces han considerado que estas páginas no almacenan archivos y da igual si tienen o no ánimo de lucro, ya que no existe comunicación pública. Además, es un requisito que no suele darse (y menos demostrarse) con nitidez. Y en los escasos procedimientos civiles que se han adelantado en España, los jueces han negado los procedimientos cautelares al considerar que no hay indicios a priori de que se esté infringiendo la ley de propiedad intelectual.

Y el efecto hidra del Pirate Bay -la página de descargas más perseguida del mundo- , su capacidad de resurrección y los nuevos atajos de las webs de descargas descentralizadas, el éxito del streaming -que ha reemplazado al P2P y se ha hecho con dos tercios del consumo audiovisual de la red- , las empresas de VPN -que usa un 10% de los internautas-, las técnicas de identidad oculta, la movilidad de las webs y el retorno a los mismos niveles de las descargas en el mercado sueco les recuerdan que no será tan fácil la ‘caza de brujas'. Y que, a lo peor, queda reducida a poco más que una carrera de sombras.

Las empresas de hosting siguen considerando el bloqueo de webs una "chapuza técnica". Las que alberguen una página web denunciada ante la Comisión de Propiedad Intelectual serán las primeras que tendrán que ejecutar la orden de desconexión, dejando a su cliente sin servicio. Pero si la web no está alojada en territorio español, son los operadores los que deberán bloquear el acceso, a nivel de enrutado o de resolución DNS, dos medidas que los atajos tecnológicos pueden superar con facilidad. Además, en el caso de las empresas proveedoras de ADSL, sólo son mensajeros y deberán instalar filtros intermedios que podrían llegar afectar el rendimiento de la red en sus clientes. Y en el caso de bloquear una IP, se podría dejar fuera de servicio a todas las webs que la compartan, como ya ha ocurrido alguna vez. La Ley obliga a las operadoras de telefonía a entregar a ese nuevo órgano la identificación de las conexiones, aún a riesgo de erosionar el secreto de las comunicaciones y de revertir en demandas de responsabilidad civil millonarias contra las telecos por parte de los usuarios.

LAS PRESIONES EXTERIORES COMPLICAN MÁS EL ESCENARIO

Zapatero transitará, de uno u otro lado, por el desfiladero de los desencuentros exteriores, entre la espada de Obama y la pared de Bruselas. La Comisaria Vivianne Reding le dejó claro y a domicilio a Zapatero, que a pesar de la ambigüedad regulatoria del ‘paquete telecom’, si en España hay bloqueo o cortes de webs sin decisión judicial toparán contra los muros de la Unión Europea. Desde su paso por la Casa Blanca en octubre, la consigna para Zapatero estaba clara, la misma que Miguel Sebastián se encargaba de poner de largo -por encima de los vaivenes de Sinde- el 19 de noviembre en la Feria Ficod de contenidos digitales de Madrid, dedicada nada menos que a EE UU. Moncloa quería quitarse de encima todas las sombras de ese halo tejido con los informes de la industria cultural americana.

En Washington no han caído bien las promesas de Zapatero de “no cerrar nada en Internet”. Le recuerdan que la bitácora de la Comisión Interministerial de Propiedad Intelectual tiene desde su origen más de una brújula en manos ajenas: las de los informes del Congreso americano, que consideran a España el segundo país en su ranking de 'descargas ilegales' después de China. No es otra que la brújula de Obama la que dio a luz a la Comisión Interministerial de Internet que esta semana debe entregar sus conclusiones sobre la propiedad intelectual y la red al Congreso. Ni otra que la carta de navegación de Washington la que optaba por dejar pasar de largo los modelos francés y británico de control de las descargas y centrarse en el castigo a las webs de enlaces y los concentradores de contenidos.

Pero las sombras del spam, el comercio electrónico, la falta de despegue de su plan de ciberseguridad y ahora la guerra de las ‘descargas de internet’ convierten a ZP en el protagonista del ‘antiguión’ que prometió en la Casa Blanca.

Fuente: http://www.internautas.org/html/5922.html

Saludos

El Congreso aprobará mañana la ley de Sinde

El PP acusa al Gobierno de estar "obsesionado con controlar los medios de comunicación audiovisuales".

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, con
competencia legislativa plena, aprobará mañana el proyecto de Ley
General de la Comunicación Audiovisual y lo enviará al Senado para que
continúe su tramitación parlamentaria, según informaron a Europa Press
fuentes parlamentarias.

La celebración de esta Comisión estaba prevista para el pasado 22
de diciembre, pero toda la oposición -salvo CiU y CC, con quien el PSOE
ha pactado la nueva ley- acusó a los socialistas de querer tramitar la
norma de forma "exprés".

Así, los representantes del PP, PNV, ERC, IU, ICV, BNG y
Nafarroa-Bai amenazaron con no acudir a la Comisión Constitucional del
día 22 si no se ampliaban los plazos para poder estudiar y negociar las
600 enmiendas presentadas. Finalmente, la Mesa y Portavoces de la
Comisión trasladó la reunión a mañana.

Todos estas formaciones están en desacuerdo con esta nueva ley,
que establece un nuevo marco para el sector audiovisual. Así, el PP
acusa al Gobierno de estar "obsesionado con controlar los medios de
comunicación audiovisuales" y asegura que la ley supone "una amenaza
para la libertad de expresión".

Durante el debate de las enmiendas a la totalidad celebrado en el
Congreso, el portavoz 'popular', Miguel Cortés, señaló el Ejecutivo
quiere que las televisiones "se sientan dependientes del Gobierno, de
modo que tengan que buscar su favor o temer su represalia". Según dijo,
esta reforma ha sido promovida "sin diálogo" y la creación del Consejo
Estatal de los Medios Audiovisuales (CEMA) supone una "injerencia" del
Ejecutivo en los medios similar a la "legislación chavista o a la de
los regímenes de China o Cuba".

El PNV avisó de que si la norma no se mejora "sustancialmente"
durante su tramitación, sus diputados votarán en contra de la
aprobación de la ley, mientras que para Gaspar Llamazares (IU) este
proyecto se podría llamar la "Ley Berlusconi porque se corresponde con
los intereses del sector privado y no con los intereses generales".

En ese mismo debate, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i
Lleida, se mostró en desacuerdo con el conjunto del proyecto, pero dijo
que es necesaria una ley general que regule el sector. Por su parte, la
vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega,
defendió que es una ley "liberalizadora, moderna y garantista". "Una
norma imprescindible para el sector y la industria audiovisual
española", indicó.

Por otro lado, la Confederación Española de Organizaciones de
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) pidió ayer a los grupos
parlamentarios que la Ley Audiovisual "no recorte los derechos de los
usuarios". En su opinión, los artículos referidos a la protección de la
infancia, los tiempos publicitarios o el régimen sancionador así lo
hacen y, por ello, solicitan que se mejoren estos aspectos.

Fuente: http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/congreso-aprobara-manana-ley-sinde

Saludos

Ciudadanos, expertos, artistas e internautas se reúnen para coordinar una respuesta a Ley de Economía Sostenible

El próximo día 9 de enero se reunirán en Madrid bloggers, expertas/os en tecnologías de la comunicación digital, juristas especialistas en derechos digitales y de autor, colectivos de creadoras/es-productoras/es y organizaciones de usuarias/os para analizar las nuevas propuestas del Gobierno sobre el polémico artículo incluido en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, según el cual se permitiría la desconexión rápida de páginas web antes de una resolución judicial firme como paso previo en su objetivo final de poder desconectar a ciudadanas/os de Internet.

07-01-2010 - El foco de la reunión será plantear y coordinar las necesarias acciones para la defensa de los derechos civiles en Internet.

Zapatero ha declarado recientemente que «el día 8 de enero, en el anteproyecto de Ley irá la fórmula que remitiremos a los órganos consultivos».
Parece tratarse de un reglamento que, saltándose la discusión parlamentaria, se pretende aprobar el mismo día 8 en el consejo de ministros.

En paralelo, el día 8 el gobierno inaugura la presidencia de la CE. Las/os ciudadanas/os recordamos que el gobierno de España, presionado por la industria del entretenimiento estadounidense y nacional, ha incluido como prioridad en el semestre de su presidencia la regulación de Internet.

La sociedad civil permanece activa y vigilante en defensa de las libertades fundamentales.

Asociación de Internautas

Fuente: http://www.internautas.org/html/5924.html

Por otro lado:

Los internautas se reunirán para coordinar una respuesta contra la Ley antipiratería

El próximo día 9 de enero se reunirán en Madrid internautas, expertos en tecnologías de la comunicación digital, juristas especialistas en derechos digitales y organizaciones de usuarios para analizar las nuevas propuestas del Gobierno en su Ley de Economía Sostenible que prevé bloquear administrativamente páginas web para proteger los derechos de autor.

El foco de la reunión será plantear y coordinar las necesarias acciones para la defensa de los derechos civiles en Internet. El presidente del Gobierno, Jose Luios Rodríguez Zapatero, ha declarado recientemente que "el día 8 de enero, en el anteproyecto de Ley irá la fórmula que remitiremos a los órganos consultivos". Parece tratarse de un reglamento que, saltándose la discusión parlamentaria, se pretende aprobar el mismo día 8 en el consejo de ministros.

Camino hacia la censura

Lo que la SGAE y colectivo de autores no ha conseguido por la vía judicial, quieren conseguirlo por la vía administrativa gracias a la disposición final incluida en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenoible. En artículos anteriores explicamos que tal y como está redactado el texto, España camina hacia la censura.

A pesar de que la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde ha pedido tranquilidad a los ciudadanos, los internautas responderán para defender los derechos de todos los ciudadanos. A la reunión acudirá Javier Sanz, en representación de ADSLzone.net.

Fuente: http://www.adslzone.net/article3594-los-internautas-se-reuniran-para-coordinar-una-respuesta-contra-la-ley-antipirateria.html

Saludos

OPINION DE FERNANDO ACERO MARTÍN

En defensa de los derechos civiles en Internet

A través de varias páginas, como la de la EXGAE http://exgae.net/coordinar-respuesta , o la de la Asociación de Internautas http://www.internautas.org/html/5924.html , me encuentro esta nota de prensa, que incluso, ya aparece en algunos sitios, traducida a otras lenguas del Estado http://enfocant.net/noticia/bloggers-juristes-creadorseditors-i-ciutadans-tots-contra-la-desconexi-de-webs-sense-ordre-j

08-01-2010 - Su contenido se está extendiendo por la Red como una mancha de aceite, mediante el boca a boca y a través de las redes sociales, como Menéame http://meneame.net/story/expertos-artistas-usuarios-internet-reunen-para-coordinar-ley o Facebook, pero también está calando entre bloggers http://www.google.es/#hl=es&source=hp&q=cordinar+respuesta+%2B+econom%C3%ADa+sostenible&btnG=Buscar+con+Google&meta=&aq=f&oq=cordinar+respuesta+%2B+econom%C3%ADa+sostenible&fp=120d73706d7f3736 y sobre todo, en los periodistas http://deperiodistas.ning.com/profiles/blogs/el-movimiento-contra-la , que se están interesando por la reunión http://www.radiocable.com/reunion-bloggers435.html y por los problemas concretos que causan su convocatoria.

Todo señala a que el detonante ha sido el presunto "globo sonda" http://www.elpais.com/articulo/cultura/cierra/web/descargas/elpepucul/20100105elpepicul_1/Tes publicado en el diario "El País" sobre la polémica Ley de la Economía Sostenible y en particular, sobre la norma que permitiría cerrar páginas web mediante una simple "autorización judicial" en lugar de una "resolución judicial" http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial , que es lo que aparece como necesario en los artículos artículos 18 y 20 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#c2 de la Constitución Española.

Aunque una autorización judicial puede parecer que es lo mismo que una resolución judicial, lo cierto es que no tienen nada que ver. El derecho procesal lo deja claro y de hecho ¿si es lo mismo, cuál es el motivo que impide sustituir "autorización judicial" por "resolución judicial" en el proyecto del Reglamento?.

Por mi parte, me quedo con lo que pone la Constitución que fue redactada por gente más que competente, así si la Constitución pone "resolución", debe ser "resolución" y punto. Claro, que alguien me puede decir que el cierre de una página web y en las condiciones que se están barajando en el proyecto legislativo, no atenta contra la libre expresión, ni afecta al secreto de las comunicaciones. Bien, se podría estar de acuerdo con ese planteamiento, pero cuando la Constitución dice que hay que recurrir a una "resolución judicial" como garantía para los ciudadanos, en este caso también es lícito pedir las misma terminología legal para obtener las mismas garantías en el proceso de cierre de una página web. No creo que haya que discutir demasiado entorno a este asunto, pero veamos lo que dice la Constitución Española al respecto.

Artículo 18.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

4. La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 20.

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c. A la libertad de cátedra.

d. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La Ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Sin lugar a dudas, el incendiario artículo de El País ha levantado una enorme alarma social y como es lógico, la consiguiente polémica en la Red. Durante el día de ayer, a pesar de ser festivo y estar mucha gente offline, se realizaron muchos comentarios en las redes sociales y casi ninguno positivo para el contenido del artículo. Entre las reacciones que hay por la Red, es especialmente brillante esta de David Bravo calificando de inconstitucional la reforma prevista y no hay que ser muy listo para darse cuenta que lo dice claramente el artículo 20.5 de la Constitución.

Pero abundando más en la polémica, parece que casi todo el mundo está de acuerdo en que ya existe un procedimiento legal, constitucionalmente impecable, expeditivo y garantista para todas las partes, a la hora de proceder al cierre de páginas web con contenidos ilícitos y de hecho, se está aplicando sin más problemas desde hace tiempo. Procedimiento, que hace innecesarias y poco justificables cara a la ciudadanía, las modificaciones legales propuestas por el Ejecutivo y menos, en forma de un Reglamento "de quita y pon", que se puede aprobar, o eliminar, en un simple Consejo de Ministros, añadiendo inseguridad jurídica a las partes.

A la vista de los comentarios de la Red, está claro que la gente valora mucho más las libertades y sus derechos constitucionales de lo que piensan algunos. En algunos sitios, hay comentarios que hacen referencia al artículo 24 de la Constitución y consideran que es lo mínimo a aplicar a la hora de proceder al cierre de una página web y desde el punto de vista de un ciudadano de un Estado de Derecho moderno, que es lo que me considero, creo que es lo mínimo que se debería exigir.

Artículo 24.

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Parece que con la redacción del proyecto y con la explicación que nos dan de él en el diario El Pais, el articulo 24.2 de la Constitución Española no sale demasiado bien parado del intento legislativo. Si solamente se necesita una "autorización judicial" para cerrar una web y no una "resolución judicial", no podemos decir que el proceso sea garantista y mucho menos, que permita una defensa, o la interposición de un recurso ante las actuaciones de la otra parte si no estamos de acuerdo con ellas.

Luego vendrá la demanda del perjudicado y la inversión de la carga de la prueba, algo que creo que no es admisible. El que tire la piedra diciendo que algo es ilegal, que aporte las pruebas necesarias y si luego no lo es, o no lo puede probar, que apechuge con las consecuencias de su acción. Creo que en Derecho está todo inventado, que solamente hay que aplicar lo que hay y punto, es una ciencia muy antigua y ha sido efectiva hasta que alguien inventó e intentó explotar el "uso alternativo del derecho".

Visto lo anterior, parece que los siguientes días van a ser muy divertidos, pero desde mi punto de vista, que es muy particular y con la Carta Magna en la mano, mucho me temo que los convocantes tienen toda la razón del mundo en pedir que se cumpla con la Constitución, pero la polémica está servida. El resultado, próximamente en sus pantallas.

Este es el contenido de la nota de prensa:
Ciudadanos, expertos, artistas y usuarios de Internet se reúnen para coordinar una respuesta a Ley de Economía Sostenible y a la propuesta de reglamento.

El próximo día 9 de enero se reunirán en Madrid bloggers, expertas/os en tecnologías de la comunicación digital, juristas especialistas en derechos digitales y de autor, colectivos de creadores-productores y organizaciones de usuarios para analizar las nuevas propuestas del Gobierno sobre el polémico artículo incluido en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, según el cual se permitiría la desconexión rápida de páginas web antes de una resolución judicial firme, como paso previo en su objetivo final de poder desconectar a ciudadanos de Internet.

El foco de la reunión será plantear y coordinar las necesarias acciones para la defensa de los derechos civiles en Internet.

Zapatero ha declarado recientemente que «el día 8 de enero, en el anteproyecto de Ley irá la fórmula que remitiremos a los órganos consultivos». Parece tratarse de un reglamento que, saltándose la discusión parlamentaria, se pretende aprobar el mismo día 8 en el Consejo de Ministros.

En paralelo, el día 8 el gobierno inaugura la presidencia de la CE. Los ciudadanos recordamos que el gobierno de España, presionado por la industria del entretenimiento estadounidense y nacional, ha incluido como prioridad en el semestre de su presidencia la regulación de Internet.

La sociedad civil permanece activa y vigilante en defensa de las libertades fundamentales.

"Copyleft 2010 Fernando Acero Martín http://fernando-acero.livejournal.com/66919.html . Verbatim copying, translation and distribution of this entire article is permitted in any digital medium, provided this notice is preserved"

Fuente: http://www.internautas.org/html/5925.html

Saludos

La Audiencia Nacional cerrará las web de descargas, según la nueva ley

El Gobierno ya lo tiene claro y el Consejo de Ministros así lo acaba de aprobar. Finalmente será la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional la encargada de garantizar la revisión judicial de las medidas restrictivas que el Ministerio de Cultura propondrá contra las páginas web denunciadas por atentar contra la propiedad intelectual. Y las medidas se tomarán en un procedimiento rápido de tan sólo 4 días.

Tras la aprobación de la Ley de Economía Sostenible en el Consejo de Ministros comienza la cuenta atrás para el anunciado -y polémico- paquete de medidas contra la piratería en internet, que incluye la retirada de acceso a determinadas páginas web después de varios avisos y con la participación de un juez.

Así será el mecanismo

El Ministerio de Cultura creará una segunda sala para su Comisión de Propiedad Intelectual, formada por entre 4 y 6 personas: un juez de prestigio (en excedencia o servicios especiales) que haya presidido algún importante tribunal, alguien del mundo tecnológico, representantes de los usuarios (internautas) y consumidores así como de los creadores.

En sólo 4 días serán oídas las partes y el juez tomará la decisión de aprobar o retirar la restricción de acceso contra una página web

Esa nueva sala, o sala 2, de la Comisión, gestionará la denuncia de quienes consideren que una página web distribuye contenidos cuyos derechos no detentan. Comprobada la denuncia se enviarán dos avisos a la web y si no responde o corrige la actividad, retirando el contenido, la denuncia y los requerimientos serán enviados al juez, pero no a cualquier juez, sino siempre a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional.

En el Ministerio de Cultura creen que centralizar en un solo juzgado los procedimientos relativos a estas medidas restrictivas permitirá que la Sala se especialice y que en muy pocos meses haya una jurisprudencia consistente para decantar el mejor criterio en los casos en los que pueda entrar en conflicto la restricción de acceso a páginas web con la protección de los derechos y libertades fundamentales.

4 días

Porque el juez sólo entenderá de ese punto concreto, no entrará en el fondo de la cuestión, sobre si se vulnera o no la propiedad inelectual de un contenido. La Audiencia Nacional sólo garantizará que la medida restrictiva no daña o conculca la libertad de expresión o cualquier otro derecho fundamental protegido por la Constitución. Así, la Sala tendrá 4 días para notificar, oír a las partes y decidir si se aprueban o suspenden las medidas restrictivas propuestas por Cultura. Todo apunta a que en los primeros meses de funcionamiento, la Audiencia Nacional va a tener mucho más trabajo.

Una vez comprobado que se protejen todos los derechos y libertades fundamentales se tomará la decisión correspondiente y el proceso sigue un curso legal. Es decir, las medidas entrarían en vigor de manera cautelar para proteger el contenido de mayores daños, pero las partes aún tendrían oportunidad de recurrir las medidas (la web) o solicitar indemnizaciones (el creador o productor) a los que hayan infringido la ley, dentro de un proceso civil ordinario, que se prologará a buen seguro durante años.

Tras la aprobación hoy en el Consejo de Ministros, el paquete de medidas pasará el visto bueno del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial y continuará el trámite, junto con la Ley de Economía Sostenible.

El paquete de medidas entrará en vigor después de verano, pasada la Presidencia Española de la UE

Después del verano

El Ministerio de Cultura, mientras tanto, redactará el Reglamento mediante el cual se fundará la sala 2 de la Comisión de Propiedad Intelectual y se desarrollarán las medidas y el funcionamiento administrativo que las rodea. El plazo final para que toda la maquinaria antipiratería española entre en funcionamiento será después de Verano, una vez acabada la Presidencia Española de la UE.

Fuente: http://www.abc.es/20100108/cultura-/audiencia-nacional-cerrara-201001081243.html

Saludos

OPINIÓN DE CARLOS S. ALMEIDA

Propiedad intelectual o libertad de expresión: ¿Qué derecho prevalece?

Los conflictos entre los editores de páginas web y los titulares de contenidos sujetos a derechos de autor deben dirimirse ante la jurisdicción civil, mercantil o a lo sumo penal, pero no ante una jurisdicción pensada para los conflictos entre administración y ciudadanos.

08-01-2010 - A mi modo de ver, tal reforma puede suponer una vulneración del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley, garantizado por el artículo 24.2 de nuestra Constitución http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html .

Toda página web es una publicación, y el derecho a la libertad de expresión que se ejerce en Internet no puede ser restringido por ningún tipo de censura previa: tal como establece el artículo 20 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html de la Carta Magna, sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Los casos en que puede limitarse el ejercicio de la libertad de expresión también están tasados en el artículo 20.4 del texto constitucional: "Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia".

De conformidad con nuestra legislación sustantiva y procesal, los conflictos entre libertad de expresión y propiedad intelectual sólo pueden dirimirse ante dos jurisdicciones: la penal y la mercantil. Un juez de instrucción, en el marco de un procedimiento penal, puede ordenar el cierre cautelar de una página web.

De la misma forma, un juez de lo mercantil puede acordar las medidas cautelares urgentes establecidas en los artículos 138 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1996.l3t1.html , entre las que se incluyen la suspensión de los servicios de Internet prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual.

La propiedad intelectual no es una materia de la que deba conocer la jurisdicción contencioso-administrativa. El ámbito de tal jurisdicción, según establece el artículo 1 de la Ley que la regula http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-1998.t1.html , no es otro que las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas sujeta al derecho administrativo.

Los conflictos entre los editores de páginas web y los titulares de contenidos sujetos a derechos de autor deben dirimirse ante la jurisdicción civil, mercantil o a lo sumo penal, pero no ante una jurisdicción pensada para los conflictos entre administración y ciudadanos.

El procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, regulado en los artículos 114 a 122 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-1998.t5.html , tiene una finalidad completamente distinta a la que pretende darle este Gobierno.

Se trata de un procedimiento dirigido a proteger derechos fundamentales como el de reunión o manifestación, en caso de prohibición administrativa. Poner al mismo nivel de esos derechos la propiedad intelectual es un insulto a la inteligencia.

La Ley de Prensa franquista, declarada parcialmente inconstitucional, también permitía que los periodistas censurados recurriesen a la jurisdicción-administrativa. Al parecer, esas son las fuentes del derecho en las que bebe el actual Gobierno.

La propiedad intelectual no es un derecho fundamental, a diferencia de la libertad de expresión. Precisamente por ello, nos encontramos en un momento clave en el desarrollo de Internet en España: lo que está en juego no son las descargas en Internet, sino la esencia misma de la democracia

Carlos S. Almeida en El Navegante http://www.elmundo.es/elmundo/navegante.html

Fuente: http://www.internautas.org/html/5926.html

Por otro lado:

REACCIONES

Los internautas califican de "atajo" la solución del Gobierno.

Las asociaciones tienen pensado reunirse este sábado junto a ciudadanos y artistas para "plantear y coordinar las necesarias acciones para la defensa de los derechos civiles en Internet"

08-01-2010 - Madrid (Agencias) Los representantes de las asociaciones de internautas se mostraron hoy críticos con la inclusión de una solución mixta en el cierre de páginas webs, al entender que se trata de un "atajo" del Gobierno y, entre otras soluciones, proponen la eliminación de la disposición de esta medida del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y el desarrollo de una nueva regulación a través de una ley orgánica "en condiciones".

El presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, explicó en declaraciones a 'Portaltic.es' que, una vez el Gobierno ha tomado una decisión, "queda esperar la respuesta de la oposición política". No obstante, aseguró que previamente esta asociación pedirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "examine" la medida propuesta por el Ejecutivo. "Si afecta a derechos fundamentales como es el 'espiar' comunicaciones electrónicas o decidir si hay que cerrar o no una web, esto tiene que ir bajo la regulación de una ley orgánica cuanto menos. Está claro que están haciendo vericuetos: si hasta ahora los jueces han sobreseído este tipo de casos, ¿cómo el Gobierno antepone ahora estas decisiones judiciales", preguntó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez-Subías, aseguró que se trata de una medida "innecesaria", ya que entiende que es un "apaño" -hay una decisión del juez "meramente administrativa"-. "Tanto en la conexión como en las páginas webs confluyen una serie de derechos fundamentales que requieren una resolución judicial, que el juez se moje", afirmó. Así, Pérez-Subías apuntó que esta nueva situación jurídica podría llevar a "casos extremos" de cierre de buscadores como Google. "Los buscadores tienen millones de enlaces con sitios a páginas webs de descargas no autorizadas. Pongo este ejemplo para que se vea hasta dónde se podría llegar y que el elemento decisorio tiene que entrar hasta al fondo", resaltó.

Ambas asociaciones tienen pensado reunirse este sábado junto a ciudadanos y artistas para "plantear y coordinar las necesarias acciones para la defensa de los derechos civiles en Internet". "Tenemos la sensación de que el Gobierno ha intentado aplicar el dicho de divide y vencerás, pero, en esta ocasión, no lo va a conseguir", matizó el presidente de AUI.

Fuente: http://www.internautas.org/html/5927.html

Saludos

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los internautas creen que sobra la Comisión de las medidas antipiratería

El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, considera que las medidas antipiratería propuestas hoy por el Gobierno son "un atajo para sortear un asunto al que la Justicia española está preparada para responder sin la necesidad de una Comisión antipiratería".

08-01-2010 - Domingo se refería así, en declaraciones a EFE , a las medidas aprobadas hoy por el Gobierno para luchar contra las descargas piratas y que incluyen la decisión de que sea un juez de la Audiencia Nacional quien establezca el cierre o bloqueo de las páginas web que infrinjan la legalidad.

No hace falta, opina el presidente de los Internautas, que una Comisión "fiscalice las comunicaciones electrónicas de los usuarios y que diga qué es lo que es legal y qué no, porque hay que tener en cuenta que el intercambio de archivos o los enlaces con sitios que faciliten intercambio de archivos no son un delito en España".

"Esta ley ya da por supuesto que esto es un delito cuando establece una comisión para investigarlo", ha manifestado Domingo, para quien "el fondo de todo esto es que el Gobierno califica de delito algo que no lo es".

VÍDEO REPORTAJE EN TELEMADRID http://ondemand.telemadrid.ondemand.flumotion.com/telemadrid/ondemand/descargas_ministros_201018V0.wmv

Fuente: http://www.internautas.org/html/5928.html

Saludos

LA RED DESENMASCARA LAS INTENCIONES OCULTAS

La verdadera cara de la Ley Sinde: "Aunque se vista de seda es inconstitucional"

Los internautas no están dispuestos a dejarse engañar y han desenmascarado las peligrosas consecuencias que esconde esta Ley. No existirá la intervención judicial anunciada y los derechos fundamentales de los ciudadanos se violarán con un embuste de proceso administrativo dirigido desde el Gobierno.

BÁRBARA AYUSO

El simplista llamamiento de Sinde no ha calado en la red: "Que no se preocupen los internautas" decía este viernes la ministra. Pues están preocupados, y mucho. Tras el fugaz “aperitivo” que el viernes daba Francisco Caamaño sobre la ley antidescargas, la red vuelve a ser un hervidero.

Las tribunas de Internet se han convertido en un contrapeso clave a las intenciones claramente totalitarias de esta polémica reforma. Detrás de las consignas demagógicas de los titulares del Gobierno, sosteniendo que con esta modificación habrá "tutela judicial previa" ha surgido la reacción de los internautas, que no están dispuestos a que nos den gato por liebre.

La frase que encabeza el texto corresponde a David Bravo, uno de los mayores abogados expertos en Propiedad Intelectual. A través de su blog desvela los múltiples abusos en los que incurre la ley, a expensas de que este lunes se conozca el texto completo. El primer punto polémico surgía en torno a la labor que desempeñará la Comisión de la Propiedad intelectual creada por Sinde. Inicialmente la ministra anunció que sería este órgano el encargado del cierre de webs, pero el presidente del Gobierno tuvo que recular, por el rechazo unánime provocado en la red, y anunció que sería un juez el encargado de la suspensión.

Pero esta intervención judicial no es más que una tapadera, que trata de esconder que la Comisión no ha perdido su papel, sino que será ese órgano dirigido por Cultura quien determine qué webs serán cerradas. Desmenuzando el procedimiento anunciado el viernes, se evidencia que el encaje de bolillos del Ejecutivo no engaña a nadie.

Jugando al despiste, Caamaño aseguraba que será un juez quien “ponderará” si las páginas infringen la propiedad intelectual. Pero no. Será la Comisión del Ministerio de Cultura, atenta a sus propios intereses, quien decida si hay o no infracción. Una vez que, conforme a criterios interesados y no legales, la Comisión señala una web, sí se dirigirá a un juez pero ya se habrá presupuesto que existe delito.

La Comisión solo le preguntará al magistrado si quitar el contenido de la página afecta al derecho de la libertad de expresión o de información del dueño de la página; en ningún caso le cuestionará si el usuario realmente ha violado la propiedad intelectual. Digámosle adiós a la presunción de inocencia.

Tantas modificaciones... ¿Para cerrar "sólo cien webs"?

Es decir, que el Gobierno ha escogido encuadrar estas medidas en el marco de lo contencioso administrativo para beneficiarse del privilegio de la autoejecución, como señala la abogada Paloma Llaneza. Estos procesos se sustentan sobre el latinajo solvere et repete: recure si quieres, pero primero paga o avala porque el recurso no para la ejecución.

De este modo, los propietarios a los que cierren sus páginas web y quieran defender su derecho a la libertad de expresión, se enfrentarán a un largo peregrinaje administrativo; difícilmente asumible si no eres Google.

Esta modificación bajo cuerda ha despertado las sospechas de los internautas, a pesar de que Sinde minimizase el asunto asegurando que solo se iría "a lo sumo, a por cien webs".

Conforme a nuestra legislación los conflictos entre editores de webs y los titulares de contenidos sujetos a derechos de autor deben dirimirse por un proceso civil, mercantil, o a lo sumo penal. Pero ahora será una jurisdicción pensada para los conflictos entre la administración y los ciudadanos, como señala Carlos S. Almeida en El Mundo. Es decir, el titular de los derechos de propiedad intelectual supuestamente violados será automáticamente tutelado por la administración, mientras que el ciudadano propietario de la web, será considerado infractor, y correrá bajo su cuenta y riesgo defender sus derechos fundamentales, amparados por la Constitución española.

Este procedimiento, regulado en los artículos 114 al 122 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, está dirigido a proteger derechos fundamentales, como el de reunión o manifestación. Ahora, estos derechos irrenunciables e inalienables, quedarán al mismo nivel que la propiedad intelectual, un auténtico revés para las libertades individuales de todos los ciudadanos.

El asunto no es baladí. Considerar la propiedad intelectual como un derecho fundamental, equiparándolo con la libertad de expresión, instaura un precedente peligrosísimo. El Ejecutivo ha forzado de tal modo la máquina, que modificará una Ley orgánica para ejercer control político sobre la actividad judicial, amén de defender los supuestos derechos de los lobbies por todos conocidos, vapuleando las libertades de todos, constitucionalmente instauradas.

La clave podría ser la que señala Enrique Dans, antiguo columnista de Libertad Digital: "El procedimiento existente hasta ahora funcionaba perfectamente en nuestro país: los derechos de propiedad intelectual estaban suficientemente protegidos. ¿Problema? Las resoluciones de los jueces no gustaban a los lobbies de intermediarios de la propiedad intelectual". Ahora estarán contentos.

Fuente: http://www.libertaddigital.com/internet/la-verdadera-cara-de-la-ley-sinde-aunque-se-vista-de-seda-inconstitucional-se-queda-1276381054/

Saludos